Mujeres en política: la construcción de la verdadera democracia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, es necesario recordar que este grupo social, a lo largo de la historia, ha sido subordinado a actividades del ámbito privado como las tareas domésticas, de cuidado familiar y reproductivas. Los estándares de una “democracia” únicamente masculina indicaban que no podían acceder a la educación, ni a la postulación de cargos de poder.

Se contaba con una contribución femenina aislada de lo que sucedía en el país, de las políticas públicas, de las leyes, de sus propios derechos e intervención en ellos para si quiera consultar si estaban conformes o no.

La primera manifestación que incluyó a las mujeres en la exigencia de los derechos políticos, jurídicos y de las libertades fue la revolución francesa en 1789, luego llegó la lucha por el sufragio femenino y la ciudadanía civil en 1848.

“El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el sufragismo, haya sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse sufragismo y feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces, contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo remunerado.”, indicaron las académicas Mary Nash y Susanna Tavera en “Experiencias desiguales: Conflictos sociales y respuestas colectivas”.

En el Perú la protesta por los derechos y oportunidades igualitarias llegó un poco antes de 1955, pero fue recién en este año en el que se otorgó el derecho al voto para las mujeres con el presidente Manuel Odría. Avance que permitió la participación legal de las mujeres en los espacios políticos y de decisión del país, sin embargo no de forma paritaria.

Recién en 1997 el Estado peruano aprobó la cuota de género con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso de las ciudadanas a cargos de elección popular, a pesar de que el marco jurídico internacional ya reconocía y promovía los derechos políticos de las mujeres.

La Declaración de los Derechos Humanos ratificada en el Perú en el año 1948, la Convención de sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1954, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1976, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) en 1981, Convención Americana de Derechos Humanos en 1978 y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1995.

Los esfuerzos para promover la intervención de las mujeres en la política fueron lentos y pocos, tal como lo demuestran las cifras. En el último Congreso las legisladoras fueron 39 de 130. Mientras que en este nuevo Parlamento son solo 33. Ninguna mujer es gobernadora regional, solo se eligió 5 vicegobernadoras de 25, 63 consejeras regionales de 328, 7 alcaldesas provinciales de 196 y 453 regidoras provinciales de 1755. Asimismo, en los municipios, 81 mujeres de 1666 llegaron a ser alcaldesas y 2732 regidoras de 8886.

Es decir, 64 años después de la promulgación del sufragio femenino en el Perú las mujeres siguen estando subrepresentadas y secundarizadas en la política y cargos públicos, un espacio diseñado y antes determinado solo para hombres.

¿Por qué siendo las mujeres más de la mitad tenemos menos representación política?

Las mujeres son el 50.8 % del Perú, más de la mitad, según el censo del 2017. Por eso fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de decisión y fortalecer la democracia con su intervención son los principales horizontes hacia la igualdad.

Según la Defensoría del Pueblo uno de los principales problemas “identificados en las últimas supervisiones electorales de los años 2016 y 2018, ha sido la reiterada ubicación desfavorable de las candidatas, en los tercios inferiores de las listas electorales”.

Esto se debe a que las mujeres sufren distintas vulneraciones y violencias al ejercer sus derechos políticos e intentar postular a un cargo público. Entre ellas está el acoso político, el que es “cualquier conducta que menoscabe, anule, impida, obstaculice o restrinja sus derechos políticos”, de acuerdo a la definición del Ministerio de la Mujer.

Para la electa congresista de la República Arlette Contreras, quien ha articulado la eliminación de la violencia de género, la presencia de las mujeres en el poder es una reivindicación de derechos.

“Somos más, pero representamos menos. Nuestra historia y cultura se ha desarrollado en un contexto de hombres haciendo política. Si como país somos independientes desde hace 200 años, a las mujeres nos han “permitido” ejercer este derecho solo hace 65 años. Entonces, no podemos pretender que hoy, hombres y mujeres compitan en igualdad de condiciones cuando hay una abismal brecha histórica de exclusión”, indicó la parlamentaria feminista.

“Hay mujeres que prefieren no participar en la política por temor a ser acosadas”

En ese sentido, la abogada Arlette Contreras señaló que las mujeres aún son una población vulnerables, lo que demanda propuestas y acciones determinadas para generar oportunidades en igualdad condiciones.

“No es que exijamos privilegios, sino que se nos permita reivindicar aquellos derechos de las cuales fuimos despojados por cientos de años como es el caso de nuestros derechos políticos. No olvidemos que el derecho a la participación política implica el derecho de poder elegir y ser elegidos libremente”.

“Asimismo, recordemos que 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en nuestro país, sea esta física, psicológica, sexual o económica. A ellos se suma también la violencia o el acoso político contra las mujeres. Hay estudios que han demostrado que hay muchas mujeres que prefieren no participar en la política por temor a ser acosadas o estereotipadas”, sostuvo.

¿Existe representación de las mujeres indígenas en los cargos de elección popular?

La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas (Onamiap), Melania Canales aseguró que las mujeres indígenas tienen nula o mínima representación en espacios públicos por la doble vulneración que sufren.

“Los pueblos indígenas somos el 24.7 % de la población peruana, es decir la cuarta parte. Las mujeres indígenas somo aproximadamente el 13 %, sin embargo no tenemos ninguna representante. La ley de partidos políticos es para la clase privilegiada. La imagen representantiva en el Congreso pasado fue Tania Pariona, fue la única que llevo la voz de las mujeres indígenas. Estuvieron Hilaria Supa, María Sumiri, Juana Huancahuari y Paulina Aupasi, de quien su historia, por ejemplo, fue muy difícil por la discriminación que ha pasado”, indicó.

“No tomar en cuenta políticas interculturales es parte de la violencia”

Asimismo, la representante de Onamiap manifestó que “las mujeres indígenas verdaderamente no tenemos ninguna oportunidad, con este Plan Nacional de Productividad y Competitividad se promueve el despojo territorial con las actividades extractivas. Las mujeres y nuestros pueblos sufrimos por la contaminación, con metales pesados en la sangre, se lucha por el territorio, eso también es violencia pero de eso no se habla”

Y agregó que las mujeres indígenas también son víctimas de violencia territorial, ambiental, étnica, cultural. “Tampoco hay políticas públicas por el racismo y la discriminación, solo mire la Paisana Jacinta, ¿pero qué hace el gobierno frente a eso?, es una preocupación, el racismos está enquistado en todos los sectores, educación, salud. No hay políticas interculturales respetuosas a los derechos indígenas. En las regiones y comunidades muchos profesionales maltratan a nuestras hermanas, no hablan el idioma, no entienden su cosmovisión y muchas veces eso no se percibe”.

La paridad para fortalecer la democracia

En tanto, Arlette Contretas sostuvo que la paridad es una acción afirmativa que supera las expectativas de la Ley de Cuotas y reivindica a las mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos políticos tras una larga ausencia de mujeres haciendo política.

“Por ejemplo, Argentina, México y Bolivia, ya aplican la paridad al 50%, y es natural que la representación política de las mujeres en el Parlamento supere el 40%. Bolivia incluso tiene un 60% de mujeres en su Parlamento. En el Perú, tenemos una paridad progresiva del 40%, al 45% y al 50% para el 2031, pero solo en la lista de candidatos al Parlamento. Es necesario ampliar esta fórmula, incluso aplicarla al 50%, para los Consejos Regionales y Concejos Municipales. Es una agenda pendiente de este Congreso”.

“La paridad no es un regalo para las mujeres es poder ejercer nuestros derechos políticos; sino una reivindicación a esa brecha histórica de deliberada exclusión en el ejercicio de este y otros derechos fundamentales que incluso son el núcleo duro de los derechos humanos. Solo imaginemos que hoy haya una norma que diga: “en estas elecciones solo se permiten votar a los hombres y no a las mujeres”. ¿Te imaginas algo así? Pues, hace 65 años esto era normal, no?”, enfatizó

¿Por qué es importante la participación de las mujeres en los espacios de decisión?

“Es importante la participación de las mujeres y mujeres indígenas porque promueve su organización, autonomía, independencia, e incentiva la erradicación de la discriminación. Pero si las mujeres no tienen oportunidades de calidad educativa de qué sirve. Se debe trabajar el enfoque de género y la interculturalidad sino de qué democracia vamos a hablar, solo una desde la mirada de los hombres”, señaló Melania Canales.

Mientras que en el mismo sentido, Arlette Contreras indicó que “las mujeres somos actoras imprescindibles en nuestra sociedad y nuestra participación en la vida política del país es fundamental para lograr las grandes igualdades y la construcción de una democracia real, sólida y genuina. Insisto, que cuantas más mujeres haya en espacios de poder y toma de decisiones, mayor será la atención de nuestras demandas. La construcción de una democracia sólida pasa precisamente por reconocer principios, valores y derechos que dignifiquen la vida de las personas, y la dignidad humana solo será una aspiración en tanto nuestros derechos y libertades fundamentales no puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones”.