La participación de las mujeres en la política avanzó lento en los últimos años
Subrepresentadas. En el marco del día de la no violencia contra la mujer se estiman 107 años para cerrar las brechas de desigualdad.
Desde 1956, fecha en la que se reconoció el derecho al voto femenino en el Perú, el fomento de la participación de las mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones avanzó lento. Proceso invisibilizado, pero fundamental para permitir el acceso igualitario a los derechos.
Las mujeres siguen siendo sometidas a los estereotipos y a los roles de género, a las tareas domésticas y a la reproducción, bajo el engañoso relato de alcanzar la “plenitud de ser mujer” cumpliendo únicamente con esos parámetros establecidos.
Las cifras de mujeres en política evidencian este concepto. En el último Congreso las legisladoras fueron 39 de 130. Sin embargo, las mujeres en promedio han convertido un 20.6% de sus proyectos en ley (6 de 28), y los hombres han alcanzado solo un 16% (4 de 27).
Ninguna mujer es gobernadora regional, solo se eligió 5 vicegobernadoras de 25, 63 consejeras regionales de 327, 7 alcaldesas provinciales de 195 y 452 regidoras provinciales de 1755. Asimismo, en los municipios, 81 mujeres de 1665 llegaron a ser alcaldesas y 2732 regidoras de 8886.
La paridad y la alternancia fue una de las propuestas clave del 2019 para incentivar y fortalecer la participación de las mujeres en espacios donde se decide su futuro y del país. No obstante, la iniciativa fue desestimada por la mayoría de parlamentarios, bajaron la cifra al 40% y la postergaron para el 2021.
Lo que busca la paridad y la alternancia es que las listas de los partidos políticos estén integradas por la mitad de hombres, la mitad de mujeres y este intercalada entre ambos. Puesto que dentro del propio partido, las mujeres son ubicadas en los últimos números de las listas, aminorando la probabilidad de salir elegidas.
PUEDES VER Feminicidios: las víctimas invisibles
El avance de los derechos a favor de las mujeres en el 2019
El primer pleno temático mujer se realizó en el Congreso de la República el 7 de marzo de este año con el fin de debatir y aprobar las iniciativas legislativas que contribuyan en la eliminación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas del Perú.
En este se aprobaron cuatro de siete proyectos. La Ley N° 30925, la cual fortalece la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas, la Ley N° 30963, norma que modifica el Código Penal para elevar las penas en casos de explotación sexual, incluso incorporando la cadena perpetua si se cometió violación sexual contra una menor de 14 años.
La Ley N° 30926, que fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tiene por objetivo agilizar los procesos judiciales.
La Ley N° 30924, que modifica el Código Penal para incorporar la pena de multa a quien obliga a otro a trabajar o prestar un servicio.
Entre los proyectos de ley que quedaron pendientes está la sanción contra el acoso político, considerando que 2 de cada 5 autoridades electas declararon haber sido víctimas de acoso político durante su gestión, según un estudio de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (RENAMA). Esta problemática que implica hostigamiento, persecución, amenazas, violencia física o psicológica e imposiciones, impide el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Asimismo, en el último Congreso quedó pendiente la aprobación de la apología a la violencia contra las mujeres, la implementación de centros de cuidado infantil y guarderías en las entidades públicas y privadas. Así como la libre elección del orden de los apellidos.
Día de la no violencia contra la mujer
Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer con 148 víctimas de feminicidio en el país.
Cifra bastante cercana y con proyección a rebasar lo registrado en el anterior año, 149 feminicidios. Puesto que, según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, cada mes 12 mujeres son asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o por quien se le haya conferido autoridad, sin necesidad de haber establecido un vínculo conyugal o de convivencia.
Pese a que el jefe de Estado, Martin Vizcarra, anunció en junio del 2018 la priorización de la lucha contra la violencia hacia la mujer a través de la creación de una Comisión de Emergencia enfocada en proteger, prevenir y atender los casos de agresión, ese año se registró la cifra más alta desde el 2009.