TC tiene en sus manos eliminar servicios de policía a mineras
AMPARO. Comuneros de Cusco hicieron demanda para que convenio entre Glencore y PNP sea anulado. Aunque actualmente acuerdo está suspendido, quieren que tribunos prohíban ese tipo de tratos.
José Víctor Salcedo
El Tribunal Constitucional (TC) deberá resolver la demanda de amparo iniciada por dirigentes de la provincia de Espinar (Cusco) para eliminar los convenios suscritos entre la minera Glencore Antapaccay y la Policía Nacional del Perú. El acuerdo permitía que los agentes, a cambio de pago de determinadas sumas, brinden resguardo y protección a la empresa en casos de conflictos sociales.
La demanda está en manos del TC desde el 30 de mayo de 2019. El pedido es anular el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial” que pone a la policía al servicio de la minera.
Aunque el acuerdo con Glencore está actualmente suspendido, los comuneros quieren que los magistrados prohíban ese tipo de tratos a futuro. Y eso también ayudaría a anular los otros convenios entre mineras y la entidad policial. Solo en Cusco había, hasta 2016, cuatro convenios con Glencore, Hudbay, MMG Las Bambas y Quechua. No se sabe si estos fueron ratificados.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que el TC debe pronunciarse para que no se celebren este tipo de convenios. Apela a lo que dice el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. “Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor... el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda”.
Los comuneros demandantes tienen el respaldo legal de abogados de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) e IDL. Se calcula que dos mil campesinos de Espinar salieron a protestar en julio de 2018 contra Glencore, luego de que fueron excluidos del área de influencia de la mina. Según las comunidades, la exclusión impide conocer o reclamar posibles impactos sociales o ambientales.
El informe jurídico del IDL refiere que los convenios entre mineras y la policía son inconstitucionales porque “al distraer recursos humanos y logísticos de la PNP, afectan, limitan y menoscaban la protección del orden interno y la seguridad pública”. “Estos convenios afectan de manera más intensa a aquellas personas que se oponen o han cuestionado los proyectos extractivos (...) pudiendo realizar actos de protesta abiertos y públicos”, precisa IDL.
Los pagos a policías en 2016
En los convenios, publicados por acciones de amparo, se decía que en caso de conflictos “la Policía asignará inmediatamente personal antimotín de la Unidad de Servicios Especiales”. Las mineras pagaban S/ 110 diarios a oficiales superiores y S/ 100 a oficiales. La PNP recibía S/ 39.49 por hora.