El presidente Martín Vizcarra destacó que ad portas de la instalación del nuevo Parlamento, los partidos políticos estén comprometidos en culminar las reformas pendientes con miras a mejorar la gobernabilidad.
“Estoy enfocado en llegar al bicentenario con un país con mejores instituciones y para eso necesitamos terminar las reformas política y judicial y qué bien que los partidos políticos, cuando nos hemos reunido, también valoren eso y varios de ellos estén trabajando con miras a la gobernabilidad”, indicó al comentar sobre las conversaciones que sostuvo en las últimas semanas y las expectativas que tiene para los próximos meses.
En una amplia entrevista concedida al programa ‘Nada está dicho’, de RPP, el jefe del Estado también se pronunció sobre la demanda planteada por Odebrecht ante el Ciadi por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP), que motivó la salida de varios ministros.
Indicó que de ninguna manera su gobierno negociará con empresas corruptas como esa. "La decisión nuestra desde el inicio de la gestión es no pactar con empresas inmersas en corrupción y lo vamos a mantener hasta el 2021", precisó.
Indicó que la misma posición ha sido establecida por la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto de la pretensión de la constructora brasileña que demandó al Estado peruano por US$ 1.200 millones, pero que a su vez solicitó una “reunión amistosa” para tratar los problemas del GSP.
"Nos demandan y con total desfachatez piden tratos amistosos. Pero no lo haremos porque son empresas con actos ilícitos", sentenció el mandatario.
El presidente indicó que los peruanos pueden estar seguros de que nuestro Estado ganará a Odebrecht ante el Ciadi porque, precisamente, la misma empresa ha admitido haber incurrido en actos ilícitos para ganar la concesión de uno de los proyectos más millonarios del país.
Pidió a la ciudadanía estar unida en la defensa de los intereses nacionales y no dejarse sorprender por los ataques que se hacen al gobierno, "defendiendo intereses subalternos".
Aseguró que su nombre no aparecerá asociado a ningún “codinome”, mecanismo que Odebrecht solía utilizar para identificar a quienes les pagaba coimas con recursos ilícitos. “Es absolutamente imposible (que tenga un codinome), porque no he tenido ninguna relación (con Odebrecht)”, contestó.
Sobre la renuncia de los exministros Juan Carlos Liu (Energía y Minas) y Ana Revilla (Justicia y Derechos Humanos) sostuvo que ellos pusieron sus cargos a disposición, y él aceptó sus renuncias porque tomaron una “decisión equivocada”. El primero por recibir a los funcionarios de Odebrecht, y la segunda por acceder a la solicitud del procurador ad hoc Jorge Ramírez de concertar esa reunión.
Prefirió no calificar el trabajo del exprocurador y dijo que su separación fue decisión de la Procuraduría General, una entidad autónoma. No obstante, afirmó que el defensor del Estado tomó un "camino incorrecto" y hasta presentó una propuesta que iba a favorecer a la empresa brasileña.
Vizcarra negó que ambas renuncias hayan causado una crisis en el gabinete ya que, dijo, los otros dos cambios de ministros, de Educación y Transportes y Comunicaciones, habían sido previstos y conversados con los involucrados, como lo señaló el premier Vicente Zeballos. “Queremos enfatizar en mejoras en la educación superior, y por eso hicimos el cambio y así lo entendió la ministra Flor Pablo. Con respecto al ministro Edmer Trujillo creímos que era necesario su cambio por las investigaciones de gestiones anteriores que se encargará de esclarecer”, comentó.
Vizcarra defendió la designación de Susana Vilca en Energía, a pesar de los cuestionamientos en su contra. “Tiene experiencia en la minería informal y el gobierno quiere formalizar ese sector. Hay que distinguir la formalidad de la ilegalidad”, indicó. Más adelante, dijo que pese a los factores exógenos, como la “guerra” comercial entre China y Estados Unidos, el Perú tendrá un crecimiento económico de 4% este año.
Respecto al proyecto minero Tía María, de propiedad de Southern, reiteró que este no será ejecutado mientras no se supere el nivel de desconfianza que existe en la población que lo circunda, lo que obliga a la empresa a mejorar su estrategia de comunicación “para explicar las bondades de la mina”.
Ante la paralización momentánea del proyecto cuprífero, Vizcarra anunció una cartera de proyectos para este año, de cinco mil millones de dólares en el sector minero. Además, enumeró otros proyectos como la construcción del puerto de Salaverry, del megapuerto de Chancay y de 42 ejes viales en diversas provincias del país.
Al final de la conversación, el presidente sostuvo que su gestión está enfocada en llegar al bicentenario con mejores instituciones y mejoras en la gobernabilidad, por lo que al acabar su mandato no dejará el país. Anotó que, si por el momento no tiene ningún plan político a la vista, eso no significa que no pueda emprender uno.
El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) informó ayer que no es posible negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado y que, al presentar la solicitud de arbitraje ante el Ciadi, Odebrecht Latinvest (OLI Lux) agotó la etapa de trato directo.
Mediante un comunicado, el Sicresi, una entidad creada el 2006, manifestó que una vez planteado el arbitraje el Estado peruano ya no tiene obligación legal de negociar con Odebrecht bajo el Convenio sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Perú y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (2005), ni bajo el derecho internacional.
Precisó que recién después que presentó su solicitud de arbitraje, el 21 de enero del 2020, la constructora brasileña se comunicó con la Comisión Especial, lo que evidencia que no existió una voluntad amistosa de buscar una solución.
Explicó que, en ningún momento, luego del 2017 (en que presentó la notificación de disputa) Odebrecht se comunicó con la Comisión Especial en busca de una salida, sabiendo que esta entidad es la única encargada de la representación del Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión.
Tras explicar que Odebrecht admitió los pagos ilícitos para obtener la concesión del Gasoducto Sur Peruano y al haber planteado la demanda, es imposible que la Comisión Especial acepte la propuesta para una reunión de “tratativas amistosas”.
Jorge Nieto - Exministro de Defensa
“El presidente tiene que hacer un ajuste si quiere llegar en buenos términos, en buenas condiciones, y tener una relación productiva para el país en el Congreso de la República”.