El excontralor y congresista electo por Unión por el Perú Edgar Alarcón no solo habría realizado compras supuestamente personales utilizando la caja chica de la Contraloría, sino también autorizó el pago a “proveedores fantasmas” por servicios profesionales por casi medio millón de soles.
Según un reportaje de Punto Final, la Fiscalía de la Nación ha determinado que se trata de “servicios fantasmas”, es decir, que nunca se brindaron y que se cobraron gracias a la aprobación del ahora legislador de la República, aunque él lo niegue.
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De acuerdo con las investigaciones fiscales se trataría de una bien montada red que lideró Alarcón cuando fue contralor y que involucra a otros funcionarios que incluso aún laboran en la institución.
Edgar Alarcón citado en el Congreso de la República. Foto: La República.
El informe periodístico señala que según la Fiscalía los pagos irregulares en total suman S/ 463 mil y que el despacho de Zoraida Ávalos estaría listo para enviar el caso al nuevo Congreso para que lo apruebe y se procese a Alarcón. Para el procurador anticorrupción Amado Enco, el excontralor habría incurrido en peculado doloso y negociación incompatible.
Según la revisión de los registros del órgano de control solo en el 2017 a nueve personas se les canceló recibos por honorarios con cifras diversas y por servicios genéricos con la autorización (firma y sello) de Alarcón.
Sin embargo, ninguno de los beneficiarios ingresó una sola vez a la sede de la Contraloría y no hay rastros de su labor.
Uno de esos casos es el de Marcos Pérez Rojas, quien cobró S/ 3,250 por servicio administrativo de archivo mediante 5 recibos, pero es el conserje en un edificio de Magdalena. Ya admitió ante la Fiscalía que no brindó tal servicio y que facilitó sus recibos por honorarios a una servidora de la Contraloría.
También es el caso de Nilda Cervantes del Carpio, de 74 años; su hija María Gómez; y su yerno, César Moreno, que en su conjunto cobraron S/ 15.200. Ellos ni siquiera conocen las oficinas de la Controlaría.
EDGAR ALARCON
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Como proveedores de la Contraloría figuran también Dante Seminario y José Sava Melo. El primero cobró S/ 18.700 y el segundo, S/ 89.000 por supuestas asesorías de prensa para Alarcón, como lo ha reconocido el mismo excontralor. Sin embargo, el abogado de Sava, Walter Chinchay, ha negado que su patrocinado haya trabajado para la Contraloría.
Edgar Alarcón admitió haber autorizado el pago de los recibos por honorarios, pero alega que desconocía las irregularidades, pues estos documentos llegaban a sus manos acompañados de informes aprobados por la oficina que solicitó el servicio.
“Digamos que confié en el jefe que me está indicando que se está brindando el servicio”, señaló.