Auge y caída del procurador Jorge Ramírez

Unas horas después de que el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano informó del cese de Jorge Ramírez como procurador ad hoc del caso Lava Jato, se anunció que su lugar será ocupado por la procuradora adjunta Silvana Carrión.

En apariencia, solo se trataría de un cambio de rostro. En el fondo sería un intento del Ejecutivo de ajustar, aunque sea tarde, los beneficios extraoficiales (no ilegales) que se habrían ofrecido a la constructora brasileña Odebrecht por revelar todos los “codinomes” de su departamento de la coima.

El gobierno siente que está cediendo mucho sin recibir nada a cambio, en el terreno político, señalan diversas fuentes.

Los aplausos, explican, que generan las bondades del acuerdo de colaboración con Odebrecht los cosecha el Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, exactamente los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Nadie más.

En lo político, la administración del presidente Martín Vizcarra tuvo que afrontar las críticas por la devolución a Odebrecht de los 524 millones de soles del remanente de Chaglla y, hoy, enfrentar la “traicionera” demanda ante el CIADI por US$ 1.200 millones de dólares.

Salida en cuotas

Los procuradores son los defensores del Estado, pero en la práctica responden al Ejecutivo, que en un momento determinado representa al Estado. Viven en una permanente cuerda floja.

Pero es un error pensar que Jorge Ramírez sale por la reunión del 9 de enero entre los representantes de Odebrecht y el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, en busca de un acuerdo que evite la demanda ante el CIADI.

Esto es solo la gota que derramó el vaso, dicen diversas fuentes en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros. Es solo la chispa que quemó el barco e impidió cualquier intento de retirada.

La salida de Ramírez se ha estado gestando desde, por lo menos, julio. Entonces empezaron las críticas a los beneficios económicos otorgados a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz. No solo desde la oposición, sino incluso desde el gobierno.

Hay mucho dinero en juego. Ramírez aceptó devolver a Odebrecht 524 millones de soles en una sola armada, mientras aceptaba que la constructora le pague 610 millones de reparación civil, en cómodas cuotas anuales.

Económicamente hablando, Odebrecht está haciendo el negocio con la información sobre el pago de sobornos y aportes de campaña, dicen en el gobierno. Datos que también entrega en capítulos novelados.

Esta versión se sustenta en la denuncia que el procurador anticorrupción Amado Enco presentó contra Jorge Ramírez por ser demasiado favorable a Odebrecht al fijar la reparación civil y aceptar la devolución del remanente de Chaglla retenido en el fideicomiso.

Esperando el momento

En el Ministerio de Justicia se habría barajado la posibilidad de sacar a Ramírez aprovechando la denuncia del procurador Enco. Al final se consideró que las condiciones no estaban dadas. La oposición era fuerte en el Congreso. Una decisión a esas alturas solo habría beneficiado a los políticos contrarios al acuerdo de colaboración eficaz.

En ese momento, Ramírez tendría que haber sido cesado por el ministro de Justicia, según nuestras fuentes. La decisión habría sido evidentemente política. Por eso, se resolvió esperar la oportunidad y crear las condiciones.

Por eso se relanzó la Procuraduría General del Estado, un proyecto que tenía años dormido, desde la época de Julia Príncipe Trujillo como presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado, el 2017.

Esperar que sea un ente autónomo el que dé por terminadas las funciones que se le encargaron a Jorge Ramírez como procurador ad hoc en los casos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

El sábado 1 de febrero, en una resolución firmada por el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, se oficializó la designación del abogado Daniel Soria Luján como procurador general de la República.

Para entonces, en el gobierno ya se sabía de los intentos de Jorge Ramírez para que Odebrecht encuentre un acuerdo negociado dirigido a recuperar sus inversiones en el proyecto del Gasoducto del Sur y evitar recurrir al CIADI.

Incluso se afirma que las titulares de las carteras de Justicia y Economía estaban al tanto de las gestiones que el ahora exprocurador del caso Lava Jato Jorge Ramírez hizo para dialogar con la empresa Odebrecht.

También se sabía que el 21 de enero, la constructora brasileña había recurrido al CIADI para reclamar un pago de al menos 1.200 millones de dólares por el Gasoducto del Sur. Una cifra que convierte la reparación civil en un sencillo.

Para mayor controversia, la presentación de la solicitud de arbitraje ante el CIADI fue filtrada desde el Equipo Especial Lava Jato. El gobierno parecía de nuevo sorprendido sin capacidad de reacción ante la demanda de Odebrecht.

Sin explicación

Nada de esto se explica en la resolución de Normas Legales. El procurador Daniel Soria tampoco dio mayores datos en la conferencia de prensa que ofreció.

Soria Luján solo dijo que no fue una decisión personal, sino del Consejo Directivo, que integran otras dos personas: un representante de la ministra de Justicia y otro de la Contraloría General de la República.

Anotó que no se trataba de una sanción, sino de un retiro de confianza ante los acontecimientos del fin de semana y que lo que se buscaba era reforzar la defensa de los intereses patrimoniales del Estado.

Por eso señaló que la Procuraduría ad hoc continuará a cargo de Silvana Carrión, quien había acompañado a Ramírez en estos años. Ambos han participado en los acuerdos de colaboración con Odebrecht y otros procesados del caso Lava Jato. Una continuidad, dijo.

Fiscales elogian labor de Ramírez

Los fiscales del Equipo Especial reconocieron la activa y decidida participación y apoyo que Jorge Ramírez dio a los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht, en busca de la verdad. Su reemplazo, Silvana Carrión Ordinola, integra la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato desde el 2017.

Carrión fue nombrada casi al mismo tiempo que Jorge Ramírez. Antes fue procuradora anticorrupción y abogada privada. Tiene estudios especializados en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y estudios de posgrado en Ciencias Penales. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo en la gestión de Jorge Santiestevan, con el procurador Amado Enco y en las comisiones investigadoras de los casos Áncash y Orellana en el Congreso.

Conciliación para evitar arbitraje ante el CIADI

Los abogados de la constructora brasileña Odebrecht enviaron una carta a la Comisión Multisectorial del Perú para controversias internacionales, a fin de pedirle una reunión a partir del 24 de febrero. El objetivo de esta carta es evaluar una salida negociada por el gasoducto, que evite el proceso de arbitraje ante el CIADI.

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