La República entrevistó vía correo a Luis Pásara, a partir de una columna que publicó en el portal La Mula donde critica el trabajo de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y la necesidad de las prisiones preventivas, un tema que ha tratado en diversas publicaciones. Como estudioso del sistema judicial mira el todo y no los casos específicos.
Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato son aplaudidos. En su artículo usted se muestra desconfiado con su trabajo. ¿Cuál es el motivo de esta desconfianza?
No es un asunto de confianza o desconfianza. A cada quien se le evalúa según su desempeño en el cargo, esto es, su capacidad para producir los resultados que se esperan de su función. La función de los fiscales es investigar, acusar y lograr condenas en los casos que están bajo su responsabilidad. Hasta ahora, los fiscales del Equipo Especial han logrado varias prisiones preventivas de aquellos que aparecen como responsables, pero cuya responsabilidad no ha sido establecida con pruebas ante los tribunales. Me parece, pues, que es prematuro felicitarlos por una tarea inconclusa, cuyos resultados todavía son inciertos y que, por de pronto, han permitido poner en libertad a algunos personajes que ni siquiera han sido acusados.
¿Por qué es importante avanzar a la acusación y la condena?
Porque en eso consiste la tarea de administrar justicia. Si no se acusa y condena a quienes han protagonizado esta avalancha de casos de corrupción, el resultado es la impunidad, que alentará a otros a seguir la misma ruta: aprovechar la función pública en beneficio propio.
¿En qué deberían terminar todas estas denuncias de corrupción del caso Lava Jato?
En condenas. Porque estamos seguros de que ha habido actos de corrupción: las entregas de dinero a cambio de beneficios para las empresas se han producido. Lo que todavía no está demostrado es quiénes han recibido y exactamente a cambio de qué. El problema reside, a mi entender, en que el Ministerio Público no tiene capacidad de investigación. Los fiscales son abogados, quizá bien formados en derecho, pero no son investigadores. Esto hace que, en los hechos, dependan de lo que digan quienes han sido investigados en Brasil, de lo que quieran decir los llamados colaboradores eficaces y de la capacidad de investigación, poca o mucha, que tiene la Policía. El problema más serio es, pues, que los fiscales peruanos no tienen preparación como investigadores.
Cuando se dice que la prisión preventiva afecta la presunción de inocencia, los fiscales responden que esta es la única manera de avanzar en un caso de corrupción. ¿Qué piensa usted de esa respuesta?
Si los fiscales tienen una buena formación en derecho no pueden decir eso, porque serían como aquellos policías que dicen que la única manera de conocer la verdad es torturar al detenido. La prisión preventiva tiene un fundamento jurídico, que la Corte Suprema ha elaborado en un pleno: hay lugar a imponer prisión preventiva solo cuando hay riesgo de fuga del sujeto o peligro de que al permanecer en libertad interfiera con la investigación, por ejemplo, alterando pruebas. Jurídicamente, no existe la prisión preventiva para investigar al detenido.
Muchos consideran que la prisión preventiva es la única sanción posible para aquellos poderosos que siempre burlan la justicia. ¿Qué le parece?
Es una idea que se ha extendido gracias a la debilidad de la justicia para con los poderosos, que en el país ha sido “normal nomás”. El problema no puede remediarse poniendo en prisión preventiva a todo poderoso sobre el cual haya sospechas. Eso es tan injusto como no castigar al poderoso que delinque. La justicia tiene que basarse en una investigación que demuestre que el sujeto, poderoso o no, cometió el delito y, en consecuencia, pueda ser sancionado con rigor.
¿La prisión preventiva se podría utilizar para obtener colaboradores que digan lo que el fiscal quiere o decir cualquier cosa por el beneficio?
Eso ocurre en el Perú y en otros países. El colaborador eficaz es alguien que se encuentra en la dificultad de haber sido identificado como participante en un hecho delictivo. Su problema se resuelve o disminuye si encuentra cómo poner de su lado a quien lo investiga y a quienes lo acusarán. Como resultado, está dispuesto a ofrecerle lo que quieran con tal de obtener de ellos un beneficio. Si el fiscal no es una persona absolutamente recta, que busca la verdad, sino que tiene interés en terminar con el caso de acuerdo a lo que le convenga, a él o a quienes paguen por ello, llevará al colaborador eficaz a decir cualquier cosa. De allí que los dichos de un colaborador eficaz no basten y tengan que ser corroborados con otros documentos de prueba, como documentos.
También es crítico con los medios de comunicación, dice que son cómplices de los fisscales. ¿No es bueno que los fiscales se apoyen en la prensa?
Es indispensable que aquellos fiscales que estén librando una lucha contra los poderosos cuenten con el respaldo de la opinión pública y los medios son el canal para llegar a ella. El problema se da cuando se produce un intercambio entre fiscales y periodistas, por el que unos entregan “primicias” y los otros los convierten en “héroes”. Así es como se filtra información, que según la ley es reservada, y los medios convierten en “pruebas” lo que son declaraciones que deberán ser sometidas a escrutinio. El problema de este toma y daca es que la información filtrada y no respaldada en pruebas convincentes crea un clima de opinión que a veces resulta muy distorsionado, en el cual se fabrican “culpables” mucho antes de que los jueces conozcan el caso y pronuncien la sentencia.
¿Advierte una politización en el caso Lava Jato en el Perú?
Dada la magnitud de sobornos y coimas, la lucha anticorrupción es una bandera política en el Perú. Quienes la han levantado se presentan como salvadores del país y echan fango a todos sus adversarios, aunque ellos mismos no siempre están limpios. En sí, este hecho no puede ser reprochado; es parte del juego político. La dificultad surge, como bien plantea la pregunta, cuando ese clima afecta las investigaciones judiciales de los casos en proceso. Todavía no se sabe si eso es lo que está ocurriendo, aunque hay analistas que observan que se está siendo más duro con unos que con otros. Pero la improductividad de los procesos en curso, en los que aún no hay condenas, hace que todavía sea prematuro dar una respuesta seria a la pregunta.