El martes 10 de diciembre la Fiscalía terminará de interrogar, durante el juicio oral, al último acusado en el caso por cohecho y asociación ilícita contra Ludith Orellana y otras 19 personas más en el proceso que inició en marzo del 2019.
Las aproximaciones para el cierre del caso y una sentencia se dan a partir de que, luego de los interrogatorios realizados por los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, en la quincena de diciembre inicie una etapa de “pruebas excepcionales”, en caso lo estime así la jueza Fernanda Ayasta.
En ella se sustentarán nuevamente posturas en audiencia para que, en las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero del 2020 inicien los “alegatos de clausura” de las partes.
De este modo, la sentencia podría conocerse en dicho mes tras casi un año de juicio oral ininterrumpido y con 90 pruebas sustentadas por parte del Ministerio Público.
El caso surgió a partir de que el quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción investigue el esquema criminal que habría encabezado Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, entre 2009 y 2013.
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En ese lapso, ella y otros abogados del Estudio Orellana ubicado en la Av. Guardia Civil, en San Isidro, captaron a funcionarios de Sunarp para apropiarse de manera ilícita de 47 terrenos y venderlos posteriormente para obtener ganancias fraudulentas.
Fue el “área de saneamiento” del bufete de abogados el que tuvo un papel predominante en la trama en la que se pagaron sobornos y hubo “direciconamientos” para inscribir predios de forma ilegal.
Desde el 21 de noviembre iniciaron los interrogatorios contra 10 de los 20 acusados que tiene el caso Orellana. La primera en revelar diversas tramas de la red delicitiva fue Patricia Rojas Rocha.
Ella, junto a Katherine Díaz Berrú, conformó el círculo de confianza de Ludith Orellana. De este modo, Rojas delató a Carlos Vargas Machuca, coacusado por haber dirigido direccionamientos de títulos de propiedad influenciando en Sunarp desde el 2011 hasta el 2013.
Este, además, fue sindicado por siete personas a lo largo del juicio oral. Entre ellas figuran los testigos protegidos 03-2015, 04-2015, 09-2015 y el colaborador eficaz 01-2015.
Asímismo, contó la participación de Wilfredo Núñez Peña, quien habría sido captado por la organización criminal para alterar el sistema aleatorio de inscripción de títulos y así beneficiar al círculo Orellana.
Patricia Rojas, cabe resaltar, mostró su arrepentimiento por haber formado parte del entramado delictivo. De la misma manera ocurrió con la acusada Rosa Ledesma Vela, testaferra de la red que declaró a fines de noviembre.
Ludith Orellana, cabecilla de la red criminal, cuenta actualmente con prisión preventiva por 12 meses desde enero de este año. De igual manera, la misma medida cautelar se aplicó para Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de Sunarp que habría apoyado a la red entre el 2009 y 2011 con direccionamiento de títulos de propiedad.