Caso Pedro Chávarry: Derivan investigación por deslacrado de oficinas a una fiscalía común
Titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que se derive el caso que compromete a personas vinculadas a Pedro Chávarry a una fiscalía penal común.
La investigación por el deslacrado de las oficinas del titular del Ministerio Público, que comprometía a personal del despacho de Pedro Chávarry, no continuará en la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La decisión fue adoptada por el fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
“Al no haber delito de corrupción, no tengo nada que ver, si no establezco esa conexión [...] Hemos hecho diligencias para ver si había conexión con delitos de corrupción de funcionarios. En ese extremo se ha archivado, y con el tema del deslacrado, que se vea con fiscales penales comunes", explicó el propio fiscal Abia este lunes a La República.
Con esta decisión, el fiscal Abia determinó que no se continúe el proceso y cortó la posibilidad de que se prosiga con una investigación preparatoria en contra de la exasesora de Pedro Chávarry, Rosa Venegas, y Aldo León Patiño, Juan Manuel Duarte, Max Ulises Aranda, Juan Esteban Asmat, César Sandoval Pozo, Arturo Benavente Días y Marco Antonio Elaluf Chinchay, quienes eran investigados por haber incurrido en la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio.
En su disposición, el fiscal Abia indica que en la investigación se advirtieron "indicios que corroborarían que en el hecho acontecido el 5 de enero del 2019 se habrían cometido los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, y encubrimiento real, por lo que, en este extremo deberá ser el fiscal provincial penal común competente quien se pronuncie conforme a sus atribuciones”.
Habría responsabilidad en policías
En otro punto de la disposición, el fiscal Reynaldo Abia señala que habría responsabilidad en dos agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, por no haber vigilado “debidamente” el despacho lacrado.
En efecto, según el documento fiscal, los agentes PNP Gloria Portocarrero Servana y Anthony Andía Fernández “[...] habrían omitido actos propios de sus funciones al no haber custodiado ni resguardado debidamente la puerta de la oficina lacrada del asesor Juan Manuel Duarte Castro".
Esto habría ocurrido, según el fiscal Abia, “al haberse encontrado [los agentes] en un principio sentados en un sofá a mucha distancia de la puerta antes mencionada y, posteriormente, haber ido a almorzar en un lugar donde no le permitía realizar la función antes mencionada”.
Los actos de los efectivos Portocarrero y Andía, según apunta el fiscal, habrían ocasionado que la puerta "fuera manipulada por Rosa María Venegas y James Rodríguez Zavaleta”.