En Cajamarca, más que un filtro, Acción Popular parece haber impuesto como requisito tener antecedentes para postular al Congreso: dos de los seis candidatos por esta región consignan en sus respectivas hojas de vida sentencias por violencia familiar y alimentos, y uno enfrenta un proceso judicial por corrupción.
Hans Troyes Delgado, aspirante al Congreso con el número 1, da cuenta de un proceso en curso en la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lambayeque. De resultar elegido, automáticamente podría ser blindado gracias a la inmunidad parlamentaria.
En la misma lista va con el número 6 Javier Ildefonso Adrianzén Carreño, quien registra tres procesos judiciales con sentencia. Un caso corresponden a un proceso contractual del 2016 que concluyó en una orden judicial para que cancele una deuda de 4.985 dólares.
Un segundo proceso es más bien laboral. En el 2013, un juzgado ejecutor de multas de Chiclayo lo obligó a pagar una multa de cerca de mil soles.
Hay un tercer caso por violencia familiar. En el 2017, la Sala Civil Suprema confirmó las medidas de protección que había dictado en su contra el Juzgado Mixto de Santiago.
Sobre esto último, el postulante Adrianzén Carreño cuestiona que la decisión de la sala se haya emitido un sábado, para él, un día “inhábil”.
El tercer candidato de Cajamarca con cuestionamientos es Eliseo Milian Milian, quien postula con el número 3. En su hoja de vida da cuenta de tres procesos por omisión a la asistencia familiar, los mismos que concluyeron en los años 2013 y 2016 en vía de conciliación.
Las otras dos regiones del norte que tienen candidatos de Acción Popular con antecedentes son Tumbes y Piura.
La lista de Tumbes tiene apenas tres candidatos y dos de ellos registran sentencias. Manuel Arturo Merino de Lama va con el número 1 y tiene una sentencia de orden laboral que dictó el Segundo Juzgado de Trabajo de Tumbes.
Lo acompaña con el número 3 Orlando Quevedo Escobar, quien enfrentó dos procesos judiciales por omisión a la asistencia familiar. En un caso el Poder Judicial dictó sentencia para que cumpla con la asignación y en el otro optó por concluir mediante un acto de conciliación.
En tanto, en Piura postula con el 5 David Rodolfo Guidino Rejas, quien registra dos procesos de los años 1991 y 1998, por abandono de familia y pago por concepto de alimentos.
En Ica, Acción Popular intenta llevar al Parlamento a una ciudadana sentenciada por estafa. Se trata de Silvia Chávez Saavedra, quien tiene el número 2 .
En Huánuco y Moquegua tienen el número 1 de la lista Daniel Gómez Flores y Luis Apaza, respectivamente. Ambos, por lo tanto, tienes más opciones de llegar al Congreso, pero tienen sentencias por alimentos.
En Junín, Ilich López Ureña tiene el número 1 y enfrentó un proceso por lesiones leves con reserva de fallo. Lo acompaña con el 3 Jorge Pérez Rosas, sentenciado por omisión.
Finalmente, en Arequipa postula con el 6 Vladimir Fuentes Calderón, con dos sentencias contractuales, y en Cusco Vladimir Tito Quispe Gutiérrez va con el número 3 y tiene una sentencia por lesiones.
Candidatos sentenciados