Caso Orellana: comprueban uso de celulares corporativos entre miembros de la red

La red criminal que operó entre el 2009 y 2013 bajo el mando de la hermana de Rodolfo Orellana, Ludith Orellana, atraviesa desde el 5 de marzo de este año un juicio oral por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y cohecho pasivo.

El avance del proceso presidido por la jueza Fernanda Ayasta, del Cuarto Juzgado Unipersonal Anticorrupción, llegó hasta la etapa de pruebas. De esta manera la Fiscalía presentó en los últimos días diversos registros de llamadas que comprobaron el uso de celulares corporativos para coordinar.

Cabe precisar que la tesis fiscal apuntaba a que en el bufete jurídico Estudio Orellana se usaron teléfonos corporativos para contactarse con personas de la red criminal así como con enlaces externos de Sunarp para poder inscribir fraudulentamente 47 títulos de propiedad.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Así, de acuerdo con el Ministerio Público, trabajó la organización criminal para arrebatar terrenos a sus propietarios ilícitamente.

Los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, sostuvieron en audiencias previas que sí existieron estos equipos celulares, varios de los cuales estaban a nombre de la empresa Movistar, Juez Justo TV S.A.C. y ABC Group for Human Development.

Las dos últimas empresas son consideradas como parte de la estructura criminal matriz que manejó Rodolfo Orellana entre el 2002 y 2014, caso que sigue la fiscal de lavado de activos Marita Barreto.

Registros y llamadas

La estrategia fiscal con la que se puso en evidencia que los celulares pertenecían a la red, se basó en la correspondencia de los lugares y direcciones desde donde hubo llamadas salientes o llamadas recibidas.

Así, en el caso del extrabajador del estudio de abogados Niki Ramírez, se señaló que las llamadas salieron de Huaral, cerca de su domicilio, en fechas claves entre diciembre del 2012 y enero del 2013.

Del mismo modo con Ludith Orellana, cuyas llamadas fueron registradas por una antena del distrito de Surco, muy cerca de donde ella vivía, en Monterrico. Esta propiedad, además, ahora está a nombre de su pareja Óscar Castillo Yáñez.

El método que empleó la Fiscalía para el filtrado y poder identificar así las llamadas se aplicó también para el registro de la abogada de confianza de Ludith, Katherine Díaz Berrú. En su caso, las llamadas salieron del distrito de Pueblo Libre y en sus días de descanso, sábados y domingos.

Los acusados Pedro Guzmán Molina, que habría inscrito irregularmente los terrenos en Sunarp, y Carlos Vargas Machuca, supuesto enlace externo que gestionaba los direccionamientos a cambio de sobornos, reconocieron en las sesiones que los celulares eran suyos.

La estrategia de los abogados se centraba en que todos utilizaban los celulares del resto en el estudio de abogados. Sin embargo, para la Fiscalía se ha demostrado lo opuesto, que todos tenían un uso personal de los celulares.

Actualmente tanto Ludith Orellana como Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de Sunarp, tienen prisión preventiva por 12 meses desde enero de este año.