El fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato, solicitó a la fiscal suprema Bersabeth Revilla la suspensión de los derechos de Pedro Chávarry de la Junta de Fiscales Supremos. El pedido está motivado por presunta obstrucción de las investigaciones del caso Keiko Fujimori.
De esta manera se solicita que deje de ser fiscal supremo. Vela Barba explica a La República que la medida contra el fiscal supremo Pedro Chávarry se debe a que actúa de manera contraria al avance de las investigaciones que lleva el Equipo Especial.
El coordinador calificó que este hecho es “reiterancia delictiva”, en referencia que anteriormente Chávarry Vallejos ya había solicitado a la titular del Ministerio Público que lo retire del caso junto al fiscal José Domingo Pérez.
Pedro Chávarry decidió el último día del 2018, apartar a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez del caso. Este anuncio lo dio cuando ocupaba el cargo de fiscal de la Nación. Por este hecho fue cuestionado por estar involucrado en el caso que los fiscales investigaban. Luego de meses, tuvo que renunciar.
Señaló que su solicitud se “hace más sólida” luego que el fiscal junto a sus colegas, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, separen a Pablo Sánchez de liderar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Decisión que fue revocada por la misma fiscal de la Nación el último miércoles.
Rafael Vela aclaró que el recurso legal de suspensión preventiva de derechos “está en vigencia por disposición del decreto legislativo 1190 desde el 22 de agosto del 2015”.
Y que este caso cumple con los requisitos que se solicita. Además, indicó que existen precedentes por este ilícito en la Corte Suprema en el caso Los cuellos blancos del puerto.
Fiscalía.
El fiscal supremo Chávarry Vallejos también es procesado por el juez instructor Hugo Nuñez Julca por el delito de encubrimiento real, por la separación ilegal de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.
Este proceso está en marcha luego que el Congreso, ahora disuelto, permita que se investigue al magistrado por ese único ilícito que tiene una pena máxima de dos años, la menor de los delitos que se le denunció.