Odebrecht: Poder Judicial reitera cambio de penal para César Álvarez

Por: Alonso Collantes

El primer sentenciado por el caso Odebrecht, César Álvarez, aún no puede declarar ni intervenir a través de su defensa legal en la apelación que interpuso por esta condena a 8 años y 3 meses de prisión el 21 de junio pasado.

Hasta la fecha, y dos semanas después de iniciado el juicio en segunda instancia, el exgobernador regional de Áncash no ha podido demostrar los argumentos en su intento por anular el fallo de la jueza Nayko Coronado.

En este contexto, la Sala de Apelaciones Anticorrupción, presidida por el juez superior Ramiro Salinas Siccha, dispuso reiterar “el oficio de traslado de penal” con el fin de que se mejore la comunicación. Como se recuerda, César Álvarez está recluido en el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, por el delito de colusión agravada.

“Se les adjuntará los vídeos de las sesiones sobre las dificultades que hemos tenido al establecer la videoconferencia”, señaló el magistrado Guillermo Piscoya.

A mediados de setiembre la Sala ordenó el traslado, sin embargo, no se concretó y la Sala obtuvo como respuesta tanto del INPE como de la Corte Superior de Justicia de Cerro de Pasco que “no hubo problemas en ancho de banda o en Polycom”, herramientas para hacer el enlace.

No obstante, a lo largo del desarrollo de la última audiencia de este martes se comprobó que hubo interferencias en el audio. Ante ello, la Sala dispuso enviar nuevamente otro oficio en el que, de no cumplir la orden judicial, solicita que intervenga el Ministerio Público e investigue el incidente.

Condena

En junio pasado, la sentencia aplicó para 11 personas. Ocho de ellas, incluyendo a César Álvarez, fueron condenadas a prisión; mientras que otras tres fueron absueltas.

De esta manera, además de Álvarez, Mario Peralta Gibaja, Germán Martínez Cisneros, Luis Díaz Vilca, Leoncio Mauricio Chu, Ivonne Bayona Guío, Antenor Kjuro Beizaga y Lorenzo Cruz Sánchez han solicitado anular el fallo judicial.

Además, la Procuraduría ad hoc ha pedido que se incremente el pago de la reparación civil de S/10 millones a S/59 millones por daños patrimoniales y S/35 millones por daños extrapatrimoniales. En caso se apruebe este pedido, el monto a pagar a favor del Estado debería ser compartido por los 11 implicados, incluso los absueltos.