Por: Alonso Collantes
El Ministerio Público presentó, como parte de las 90 pruebas que tiene contra la presunta organización criminal liderada por Rodolfo y Ludith Orellana, un registro de códigos que corresponden a 11 de los 20 acusados del caso.
El proceso, en etapa de juicio oral contra Ludith como líder de una red delictiva que operó junto a Sunarp entre 2009 y 2013, se centró en los últimos días en el “área de saneamiento” y otros espacios del Estudio Orellana, anteriormente ubicado en San Isidro.
En este sentido, los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, del Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, indicaron ante la jueza Fernanda Ayasta los códigos que les correspondieron a cada uno.
De este modo Ludith Orellana, según los registros obtenidos por la Fiscalía y antes en poder del Estudio Orellana, tenía el código de O-02; sus abogadas de confianza Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú estaban identificadas con el rótulo de R-04/B y D-01/B, respectivamente.
Con una combinación de números y letras, así, se lograba cifrar a los hoy acusados por asociación ilícita. Entre otros, también figuraban los acusados Máximo Núñez, Wilmer Arrieta, Largio Hurtado, exchofer de Ludith; Yanina Hurtado, los testaferros Niki Ramírez, Mike Torres; el procurador Eyner Flores así como Manuel Villacréz Arévalo, exchofer de Rodolfo Orellana.
Según el Ministerio Público, los códigos tenían el propósito de “ocultar su identificación por los actos ilícitos que cometían y así evadir la justicia por años”.
Cabe precisar que los mencionados investigados formaron parte del “área de saneamiento”, a cargo de Ludith Orellana y que se encargaba de resolver problemas legales de inmuebles. No obstante, bajo distintas empresas de fachada y testaferros, lograron inscribir irregularmente a su favor 48 títulos de propiedad.
No obstante, el estudio tenía otras áreas jurídicas como la administrativa, civil, penal, entre otras. Ludith Orellana así como Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Sunarp, tienen prisión preventiva por 12 meses desde enero de este año.