Arequipa: Investigarán a Cáceres Llica por alentar protestas antimineras

Mónica Cuti

Su intervención en el conflicto Tía María podría pasarle factura al gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica. El Ministerio Público lo investigará por resistencia y desobediencia a la autoridad y delito contra la tranquilidad pública.

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La denuncia fue interpuesta por un grupo de juristas el pasado 16 de agosto. La admitió el último lunes la Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata, a cargo del fiscal Guillermo Vera Oviedo.

Para los denunciantes, el gobernador regional Elmer Cáceres debió llamar a la calma durante las protestas contra el proyecto minero Tía María. También cuestionan el constante enfrentamiento con el Ejecutivo para exigir la anulación de la licencia de construcción del proyecto de Southern Perú.

El jurista Marcial Carpio Talavera interpuso la demanda. En esta se señala que la autoridad regional asumió indebidamente las protestas en contra del proyecto cuando no le correspondía hacerlo. Señalan que Cáceres Llica dirigió las manifestaciones y fomentó la obstrucción de las vías públicas, además amenazó al presidente de la República Martín Vizcarra. La autoridad regional lo culpaba de los posibles muertos a consecuencia de los enfrentamientos.

“La actitud de Cáceres Llica es dolosa, intencional y perversa. Abanderó falsamente un derecho de reclamación de los agricultores y utilizó políticamente el conflicto para autopromocionarse como defensor del pueblo”, dice la denuncia.

El fiscal que lleva el caso ordenó que se disponga la investigación preliminar por un plazo de 60 días. Dentro de las diligencias, el gobernador regional deberá acudir al Ministerio Público para declarar, de igual forma al procurador de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior. También se citará a la empresa minera Southern Copper, ministerios y todos los entes que tengan información relacionada a las protestas y vinculación a la denuncia.

Para el abogado penalista Juan de Dios Medina, el hecho de que Cáceres Lica emplazara públicamente al presidente Vizcarra y que le impusiera un plazo para anular la licencia de construcción de Tía María es un hecho grave por el que fácilmente podría ir a juicio por el delito contra la tranquilidad pública. “Hay todas las evidencias, podría pedirse que el caso vaya a juicio, esto lo dijo públicamente y todos lo escuchamos”, señaló.

Explicó que la investigación puede ampliarse hasta 120 días y si se acelera el proceso podría haber una sentencia antes de que acabe su gobierno.

No es el primero

Anteriormente, Elmer Cáceres fue sentenciado por obstruir vías públicas cuando era alcalde (2005) de la provincia de Caylloma. En ese tiempo protestaban para que la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca) sea transferida al municipio provincial y ya no sea administrada por el gobierno regional.