El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Hugo Núñez Julca, ha fijado para el próximo miércoles 21 de agosto la audiencia de presentación de cargos contra Pedro Chávarry.
La sesión se realizará desde las 9 a.m. en Palacio de Justicia y tendrá como eje central la única denuncia constitucional aprobada en el Congreso contra el exfiscal de la Nación referido al delito de encubrimiento real. Ello, por la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela casi en la víspera de Año Nuevo el 31 de diciembre pasado.
De acuerdo al documento que firma el magistrado supremo Núñez Julca, la audiencia se hará bajo las normas del antiguo Código Procesal Penal.
Posteriormente, este decidirá tras escuchar a ambas partes si se inicia un proceso penal contra el actual fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, que aún conserva su voto en la Junta de Fiscales Supremos en virtud a los sucesivos blindajes que hizo Fuerza Popular a lo largo de este año.
Como se conoce, el pasado 26 julio el Congreso de la República hizo oficial la acusación constitucional contra Chávarry. Además, según se observa en el documento, fue la actual titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, quien solicitó la programación de esta audiencia.
Es preciso recordar que en tres ocasiones Pedro Chávarry solicitó que se reprograme su citación al Congreso de la República, lugar en el que debía ejercer su derecha a la defensa. No obstante, la Mesa Directiva rechazó la petición del fiscal supremo.
En mayo, Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, denunció constitucionalmente a Pedro Chávarry por encubrimiento real y encubrimiento personal, luego de la irrupción ilegal y sustracción de documentos de una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en medio de una investigación a Keiko Fujimori.
Luego de que Juan Sheput hizo un informe con recomendaciones para el caso Chávarry, en el cual aconsejó que se le investigue por encubrimiento real y organización criminal, solo la acusación constitucional por encubrimiento real fue aprobada por la Comisión Permanente y se desestimó la inhabilitación por 10 años.
Este delito es considerado leve frente al de organización criminal, del cual fue blindado con votos del fujimorismo y aprismo