Tres reformas podrían ser implementadas en el 2020
Y una se quedaría fuera. El Ejecutivo propone que la norma que impide modificar las disposiciones electorales un año antes de los comicios no aplique para los proyectos aprobados en el Congreso.
Por: Enrique Patriau
De los cuatro proyectos de reforma política que han quedado pendientes de promulgación, tres de ellos podrían ser aplicados en las eventuales elecciones generales del año entrante, de acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo presentó ayer en el Congreso.
De acuerdo con fuentes del gobierno, estos son: paridad y alternancia, financiamiento e inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Similar parecer tiene el politólogo Fernando Tuesta, quien lideró la comisión de alto nivel para la reforma política (leer enfoque).
Así, por un tema de plazos (teniendo en cuenta que las fechas son muy justas, incluyendo un referéndum a finales de año) la reforma que planteaba la realización de elecciones primarias quedaría fuera para el 2020. Podría ser aplicada en los procesos siguientes.
Cuando el jefe del Estado, Martín Vizcarra, anunció en su mensaje por 28 de julio que el gobierno presentaría una iniciativa de reforma constitucional para acortar un año el actual mandato presidencial y congresal y celebrar los comicios el 2020, una de las principales dudas es qué ocurriría con la reforma política, sobre todo porque se trata de un tema en el que el gobierno puso especial interés, al punto que presentó una cuestión de confianza al Parlamento para acelerar un debate que, por distintos motivos, se había estancado en la Comisión de Constitución que encabezaba Rosa Bartra (Fuerza Popular).
El proyecto de reforma que ingresó ayer vía mesa de partes en el Congreso no termina de esclarecer el panorama, aunque sí permite darse una idea general de lo que pretende Palacio al respecto.
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Una excepción
El 15 de noviembre del 2017, el Pleno del Congreso aprobó –por insistencia– que las normas electorales podrán ser modificadas solo hasta un año antes de las elecciones. Esta disposición se mantiene vigente.
“La autógrafa aprobada propone que para que una ley sobre materia electoral entre en vigencia y resulte aplicable a un proceso, debe ser publicada, a lo mucho, hasta un año antes del día de la elección”, explicó la entonces presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona (Fuerza Popular).
Por ese motivo, en la iniciativa que el Ejecutivo preparó se plantea que a fin de “aplicar la reforma política que permite promover la participación política y fortalecer a las organizaciones políticas”, se exonere “de dicho plazo de antelación” a las reformas electorales “para su posible aplicación en las elecciones generales 2020”.
Acá, la palabra que puede considerarse clave es "posible".
En efecto, el gobierno es consciente de que no todas las leyes que forman parte del paquete que el Congreso terminó de debatir y aprobar la semana pasada podrán ser implementadas.
Por lo pronto, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, está casi descartado que las elecciones primarias obligatorias y universales puedan celebrarse el año entrante.
Y es que, sencillamente, las fechas no dan.
Como se puede revisar en el artículo de la página 4 de esta misma edición de La República, el referéndum en el que los ciudadanos votarán si están de acuerdo o no con el adelanto de comicios generales se llevaría a cabo en noviembre.
Luego de eso, en diciembre, se convocaría al proceso electoral, previa adecuación del cronograma vigente en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).
No hay forma aparente de que las primarias puedan encajar sin colisionar con las fechas propuestas desde Palacio.
Claro está, esto se tendrá que confirmar en las siguientes semanas. Pero desde el Ejecutivo, la idea es que este extremo de la reforma política no tendrá mayor chance de ser considerado el 2020.
De hecho, este párrafo del proyecto conocido ayer es relavante al respecto: "Sin embargo, el objetivo es que esta posible aplicación (de las reformas) no afecte el cronograma electoral que se apruebe y permita realizar el proceso electoral el tercer domingo de abril del 2020, en la medida en que los objetivos de superar la crisis política, de reforzar la representación y de incrementar la legitimidad ciudadana justifican una medida de este tipo".
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Es decir, el gobierno no podía desentenderse de proyectos por los que apostó; sin embargo, tampoco está diciendo que deban ser de obligatoria ejecución. Todo dependerá de si los plazos propuestos se cumplen.
Las reformas sobre el financiamiento, la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas y la paridad y alternancia sí podrían tener chances de que entren en vigencia. Estas no tienen incidencia sobre el cronograma electoral.
Aunque habría que resolver algunos inconvenientes.
Por ejemplo, el texto sobre paridad y alternancia que propone un incremento de las candidaturas de las mujeres, indica que este aumento deberá empezar a instaurarse de manera progresiva desde las elecciones del 2021.
Si, finalmente, el Congreso aprobara la reforma de adelanto de elecciones, esta se consagrara en el referéndum y los peruanos votáramos en unos meses por nuevas autoridades nacionales, podría objetarse que la paridad y alternancia no es aplicable al 2020.
Algo así tendría que solucionarse, ya sea desde el Congreso o el Ejecutivo. Se entiende que no debería significar un gran problema, en todo caso.
“Pese a algunos retrocesos, también hay avances”
“La reforma política, pese a algunos retrocesos, ha presentado también avances en el Congreso de la República durante la legislatura ordinaria 2018/2019, que luego del trámite respectivo podrían ser de aplicación en las elecciones generales 2020”, señala el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo. Así, el gobierno reconoce que hay proyectos que podrían ser implementados: paridad y alternancia, inscripción y cancelación de organizaciones y financiamiento.
La principal justificación ofrecida por el presidente, Martín Vizcarra, para proponer el adelanto de elecciones fue que el Parlamento insistiera en mantener la prerrogativa de decidir el levantamiento de la inmunidad.
