Por: Alonso Collantes
Las defensas técnicas de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca negaron que las declaraciones del testigo protegido con clave 2017-55-3 hayan sido, hasta la fecha, comprobadas por el Ministerio Público.
Giulliana Loza y el resto de los abogados sustentaron de esta manera, y con otros argumentos, la casación que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia para revocar la prisión preventiva que tiene cada uno de sus defendidos por el plazo de 36 meses.
En el caso de la defensa legal de Keiko, quien lleva casi 9 meses en prisión por presunto lavado de activos y peligro de obstaculización y de fuga, aquella sostuvo que el testigo (TP 2017-55-3) declaró a la Fiscalía que “se habría intentado comprar testigos en la región San Martín”, pero que nunca precisó nombres o fechas.
Ante ello, la abogada agregó que las personas que posteriormente aceptaron haber realizado aportes simulados “no sindicaron a Keiko Fujimori”. Por otra parte, así como lo harían el resto de sus colegas que defendieron a otros investigados, también dijo que no se ha llevado aún algún acto de corroboración.
“La Sala Penal Nacional reconoce que la veracidad del testigo ha decaído”, agregó Loza. En el caso de Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, este fue más frontal, pues en un momento de la audiencia no solo criticó lo sostenido por el testigo protegido, que se presumía desde la difusión de sus declaraciones que sería el exparlamentario de Fuerza Popular, Rolando Reátegui.
“Está sin procesar hasta el momento”, indicó, pues según lo declarado por el testigo, Reátegui fue encargado por Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Adriana Tarazona, buscar aportantes falsos en San Martín para la campaña presidencial del 2011. Además, la Sala Superior de Apelaciones ordenó la investigación al exparlamentario.
Por su parte. la abogada Madeleine Reyes, que defendió a Pier Figari, señaló en ese mismo sentido que las declaraciones realizadas por el testigo protegido en 2018 no han sido comprobadas. “La Sala dice que ha caído en contradicciones”, indicó.
Finalmente, en el caso de la defensa de Luis Mejía Lecca, expersonero legal de Fuerza 2011, Jessica Sotomayor indicó que el delito de obstaculización debería verse en una Fiscalía común y no de lavado de activos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso presidida por el juez Hugo Príncipe Trujillo, determinó que el próximo viernes 9 de agosto, a las 9 a.m., dictará su resolución sobre los investigados.
En esa fecha se concerá si los implicados del caso Odebrecht recuperarán o no su libertad. Además, durante la sustentación del recurso presentado por los investigados, se señaló que en total la Fiscalía trabaja el caso con 19 testigos protegidos.
A la sesión no asistió ningún representante del Ministerio Público. El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no acudió a Palacio de Justicia por segunda vez, luego de conocerse que su postura es afín a la de Keiko Fujimori. El funcionario, además, es sindicado como presunto miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto.