El excongresista Juan Pari, quien presidió la primera Comisión Lava Jato en el anterior quinquenio en el Congreso de la República, recomendó que se active la “cláusula anticorrupción” contemplada en el contrato del Gasoducto Sur Peruano.
La necesidad de activar este dispositivo legal surge a raíz de la revelación de presuntos pagos de coimas durante la gestación del proyecto, que fue entregado en calidad de concesión a la constructora Odebrecht durante el mandato del expresidente Ollanta Humala.
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“La cláusula anticorrupción es clara. Si se denuncian actos de corrupción en el proceso del contrato, pues este simplemente se suspende”, argumentó el exparlamentario en declaraciones para la agencia Andina.
Entre el 2015 y el 2016, Pari presidió la primera comisión multipartidaria Lava Jato del Congreso, la cual se instaló el 2 de noviembre de 2015.
Durante su labor investigadora, Pari concluyó que las coimas se dieron consecutivamente en los diferentes gobiernos desde el de Alberto Fujimori hasta el de Ollanta Humala.
La anterior Comisión Lava Jato debatió su informe final entre mayo y junio de 2016. Sin embargo, nunca se llegó a un texto consensuado. Al final hubo hasta tres informes (uno en mayoría, dos en minoría), pero debido a que el plazo de la comisión se terminó, no se llegó a aprobar en el Pleno del Congreso.
Al final, el mismo congresista Pari, con su firma en solitario, remitió el informe al Ministerio Público el 12 de julio de 2016.
Ahora, Pari advierte que es de vital importancia que se proceda con la activación de la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto Sur Peruano, pues para él, a raíz de su experiencia investigando a la constructora Odebrecht y sus relaciones con los sucesivos gobiernos, era evidente que la empresa brasileña pagó coimas para hacerse con la adjudicación.
“Las contraprestaciones en los diversos procesos del proyecto despertaban sospecha de que había un negocio debajo de la mesa. Eso estaba muy claro”, señaló Pari.
Pese a que ahora Odebrecht reconoció ya pagos ilícitos por el Gasoducto Sur Peruano, el excongresista Pari consideró que la negativa inicial de la empresa a reconocer dichos pagos para que no sean incluidos en el convenio de colaboración eficaz, responden a que Odebrecht tiene un proceso de arbitraje en Luxemburgo por esta obra.
La cláusula anticorrupción, según señala Pari, puede activarse al margen de las investigaciones del Ministerio Público e, incluso, del convenio de colaboración.
“Son dos casos diferentes. La cláusula tiene que activarse al margen de la investigación en el Ministerio Público. La Fiscalía tendrá que seguir su proceso para señalar las responsabilidades que ha habido en ese contrato”, precisó el exlegislador.
De acuerdo al contrato celebrado entre Odebrecht y el Estado peruano para la adjudicación del Gasoducto, la cláusula 20.1, literal c.6, el Estado queda facultado para declarar la resolución —conclusión— del contrato de la concesión, específicamente si se descubre “falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el concesionario o por el operador calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el contrato, en el concurso o durante la ejecución del contrato".