Luyo favoreció a Club de la Construcción con s/369 millones en obras
IDENTIFICADO. Adjudicó proyectos de conservación de carreteras durante el segundo gobierno de Alan García a la empresa ICCGSA, cuyos representantes están imputados por pagar sobornos en el régimen de Ollanta Humala.
Comités de licitación de Provías Nacional durante el segundo gobierno de Alan García, Edwin Luyo Barrientos, favoreció a empresas que pertenecían al Club de la Construcción, cuyos integrantes pagaban sobornos a cambio de la adjudicación de cuantiosas obras públicas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitió al Equipo Especial Lava Jato un informe en el que indica que Edwin Luyo tuvo a su cargo dos licitaciones que fueron entregadas a compañías del Club de la Construcción, entre 2009 y 2010, en el segundo régimen de García.
Son dos licitaciones que se ejecutaron con el mismo esquema de corrupción con el que operó el Club de la Construcción durante el mandato del ex presidente Ollanta Humala.
La primera tuvo como finalidad proveer el servicio de gestión y conservación de las carreteras Comas-Satipo-Mazamari-Puerto Ocopa-Atalaya y Mazamari-San Martín de Pangoa. Participaron Cosapi, JJC Contratistas Generales, Graña y Montero e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), todas integrantes del Club de la Construcción.
Las compañías concertaron presentar montos altos respecto a la oferta de ICCGSA -235.9 millones de soles-, para que el comité seleccionara a esta empresa en un proceso simulado de licitación.
EL MISMO PATRÓN
El Comité de Licitación lo presidió Edwin Luyo, el 9 de diciembre de 2009, junto con Renzo Fernández Prada Ríos, un ex funcionario que ha sido imputado por el fiscal Germán Juárez como cómplice del Club de la Construcción en otras licitaciones en el gobierno de Humala (2011-2016). El 12 de febrero de 2010, Edwin Luyo presidió otro Comité de Licitación de Provías Nacional, esta vez para el servicio de gestión y conservación de la carretera Izcuchaca-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Tricapo-Pampano. Se presentaron los miembros del Club de la Construcción ICCGSA, Obras de Ingeniería (Obrainsa), Corporación Mayo, Constructora MPM y SVC Ingeniería y Construcción.
Como en el caso anterior, las empresas implicadas acordaron que el Consorcio Izcucha (Obrainsa, SVC Ingeniería y Construcción) plantearía la oferta más baja para quedarse con el proyecto de 134 millones de soles.
Los casos que implican a Edwin Luyo en 2009 y 2010 deberían motivar la amplicación de la investigación a todo el periodo gubernamental de Alan García. El fiscal Germán Juárez por el momento se ha concentrado en el periodo 2011-2014, que alcanza al gobierno de Ollanta Humala y no al régimen de Alan García, en cuyo periodo operó Edwin Luyo Barrientos.
Precisamente, fue Edwin Luyo quien integró el Comité de Licitación que el 13 de junio de 2011, adjudicó el Tramo II del Tren de Lima al consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero, integrantes del Club de la Construcción.
Por otorgar la buena pro al consorcio, la constructora Odebrecht le pagó a Luyo, por intermedio de una compañía “offshore” en Panamá, una coima de 1 millón 191 mil 011 dólares, depositados en una cuenta en el Banco Privado de Andorra.
La documentación de las tres licitaciones mencionadas demuestra que Edwin Luyo siempre aprobó las ofertas de empresas que pertenecían al Club de la Construcción, las que solían pagar sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas.
LA MISMA MODALIDAD DE REPARTICIÓN
-En el proceso de Colaboración Eficaz que ha iniciado ante el fiscal Germán Juárez la nueva directiva de la empresa Graña y Montero, relató que los miembros del Club de la Construcción se turnaban la adjudicación de obras públicas.
-Todas recibían, de forma individual o en consorcio, un proyecto millonario. Para la consumación de la corrupta modalidad de adjudicación de obras públicas, los miembros del Comité de Licitación aparentaban escoger la propuesta de menor costo.
-Si los patrones de las adjudicaciones en los gobiernos de Humala y García coinciden, entonces en ambos casos las constructoras hicieron pagos ilícitos a funcionarios.
