Frente al evidente desgano de nuestros legisladores, pareciera que el presidente Vizcarra quiere enviar señales de humo; sin embargo, su carta no nos dice nada.,En medio de la crisis institucional que atraviesa el país, todo da vueltas, todo se patea, la papa caliente va de aquí para allá, regresa, pasa de mano en mano… Nadie quiere hacerse cargo. Ojo. Tengo que decir que quizás, en las próximas horas, mientras esta columna se imprime y finalmente llega a sus manos, las cosas cambien… aunque sea un poquito. Mientras tanto, el escenario va así: el presidente Martín Vizcarra ha enviado una carta a Luis Galarreta, presidente de la Mesa Directiva, convocando a un pleno extraordinario del Congreso para el día viernes de esta semana para que “se debata y adopte acuerdo respecto a la remoción de todos los miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”. Sería bonito que el Congreso, por iniciativa propia, se hubiese puesto los pantalones y estuviese discutiendo ya la aplicación del artículo 157 de la Constitución que permite remover a todos los miembros del CNM. Esto no ha sucedido, me imagino, porque a la Fuerza Número 1 del Parlamento no se le ha dado la reverenda gana. Frente al evidente desgano de nuestros legisladores, pareciera que el presidente Vizcarra quiere enviar señales de humo; sin embargo, su carta no nos dice nada. Un pleno extraordinario debe convocarse a través de un decreto supremo, no a través de una carta, una nota, un post it... Eso no aporta mucho y más bien da una sensación de improvisación. Ahora bien, incluso con el pleno convocado, los congresistas ya han demostrado que no les interesa, no quieren tomar el toro por las astas. En este escenario, una medida concreta del Ejecutivo sería pedir la cuestión de confianza y, de no aprobarse la salida de todos esos magistrados corruptos, plantear la crisis total del gabinete. Hay varias interpretaciones de cómo podría realizarse este proceso, pero el ingrediente principal sigue faltando: valentía o, como diría Natalia Málaga, huevos. La otra posibilidad, siguiendo la línea constitucional y democrática, es incluir una disposición transitoria en la Constitución que acorte el mandato de los funcionarios, titulares y suplentes. Mandarlos a su casa. Este añadido a la Carta Magna requiere de dos votaciones que cuenten con dos tercios de los votos, pero, de nuevo, se necesita voluntad. También se podría plantear por medio de una consulta popular pero el proceso sería más largo y complicado. Institucionalmente, con nuestros actuales representantes, el tema está complicado. Sin embargo, siempre está la gente movilizada. Quizás el empujón que hace falta esté en las calles.
