Otra vez los reflectores están sobre la comisión Lava Jato del Congreso, ahora por sus abultados gastos operativos.,Otra vez los reflectores están sobre la comisión Lava Jato del Congreso, ahora por sus abultados gastos operativos. Este cuerpo de parlamentarios se ha vuelto una imagen del dispendio, aunque los integrantes mismos deben verse como una eficaz máquina de producir publicidad, o incluso de alcanzar objetivos partidarios. El tema del dinero aparece porque la comisión ha perdido uno de sus propósitos más importantes, que era derrocar a PPK. Algo a lo cual no ayudó investigando, sino recibiendo un documento privado directamente de manos de la empresa Odebrecht (no han entregado otros). Ese fue su momento de gloria. Desde entonces todo ha sido cuesta abajo. Pero podrían llegar algunos momentos buenos, si las investigaciones de los fiscales en el Brasil destapan acusaciones que luego la comisión puede reciclar haciendo invitaciones a los implicados. Hasta ahora nada ha salido de esos encuentros, salvo grandes tajadas de publicidad desde los medios privados, cómo no. La inoperancia de la comisión no es solo un asunto de personas, pues hay allí un par de muy eficientes profesionales del hemiciclo. Es sobre todo un asunto de modelo, en un país donde la investigación parlamentaria no es una disciplina desarrollada, y tiende a confundirse con la entrevista periodística. Esto último apunta a un aspecto clave: la comisión Lava Jato parodia, y con ello duplica casi sin resultados el trabajo de otras corporaciones. Además, nos estamos enterando, lo hace costosamente. Aunque un cínico diría que a Fuerza popular le ha rendido como un estupendo modelo de negocios políticos. El trabajo de esta comisión debe ser visto en el marco de los intentos de FP de subordinar a los fiscales a su poder parlamentario. De allí que el lavajatista del Congreso se haya sentido con pergaminos suficientes para citar a fiscales, como si la comisión Lava Jato fuera una instancia superior a la judicial. Es poco probable que salga algo de la comisión, y en esa medida convendría por lo menos un cálculo de costo-beneficio capaz de sustentar un recorte presupuestal. Aunque eso bien se podría hacer con todo el Congreso, del cual pocos esperan algo de real provecho. Pero fiscalizar al Congreso y a su mayoría no pasa de ser una ilusión.
