Cualquiera que haya leído el libro «Mitad monjes, mitad soldados» de Pedro Salinas y Paola Ugaz, o al menos haya escuchado los testimonios de los maltratos psicológicos, físicos y sexuales perpetrados al interior del Sodalicio de Vida Cristiana —la comunidad religiosa ultramontana que fundó Luis Fernando Figari—, ha sentido la mezcla de indignación, asco y ganas de justicia que suelen producir las grandes injusticias. Esta semana, ocho días antes de la llegada del Papa al Perú, se anunció que el Vaticano decidió comisionar al obispo colombiano Noel Londoño la intervención del Sodalicio. La medida se toma luego de que la Fiscalía peruana solicitara prisión preventiva para Figari y otras tres personas por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves. Como se ha advertido, esta puede perfectamente ser una mera operación de relaciones públicas que busca evitarle a Francisco los momentos incómodos durante su visita. El propio Pedro Salinas señala bien que, hasta ahora, la actitud de la Santa Sede se ha parecido más a la complicidad que a la promocionada política de tolerancia cero contra los abusadores: «Después de seis años de una supuesta “investigación”, jamás tomó en consideración a las personas abusadas por Figari. Más todavía. Sin escuchar sus testimonios, las calificó de “cómplices”. Tampoco se expulsó a Figari de la institución. Y encima se le “sancionó” con una jubilación dorada, fuera del Perú, asegurándole al depredador “un estilo decoroso de vida”, con el principal propósito de que no hable con la prensa». Solo el tiempo nos dirá si estamos ante una más de las maniobras cortesanas que han caracterizado históricamente a la diplomacia vaticana. Queda claro que el Papa no ha borrado de su agenda al Sodalicio y lo ve como un potencial problema en su relación con los fieles peruanos, lógicamente indignados por las denuncias y el tratamiento que han recibido. En todo caso, la intervención comienza a tener consecuencias concretas. La primera es el aumento de la presión sobre el Congreso, que inexplicablemente venía dilatando desde septiembre la instalación de una comisión investigadora sobre el caso Sodalicio y que este jueves por fin nombró a los integrantes de la misma. La segunda es un reconocimiento al trabajo que viene realizando la Fiscalía, que luego del papelón protagonizado por la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez —quien archivó este caso con unos argumentos de caricatura que le merecieron una suspensión—, enmendó el camino de las investigaciones. Que siga adelante y el Poder Judicial lo acompañe en este empeño. Porque hablamos de delitos, no de pecados. Así que lo que corresponde es aplicar la justicia de los tribunales, no la de las almas.
