Proceso de vacanciaLa versión de Odebrecht. La constructora brasileña, en carta a La República, informa que no entregaron esta información al Ministerio Público porque no tenía contenido ilícito. También descarta intencionalidad política al remitir información al Congreso,Había muchas preguntas y La República buscó respuestas. La eventual vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, requiere contextualizar y ampliar la información presentada por Odebrecht a la Comisión Lava Jato. Ante esta información incompleta, nuestro columnista Mirko Lauer escribió que hay la sensación de que Odebrecht ha tomado partido en la política peruana y participaba en un complot político, al revelar los pagos realizados a Westfield Capital y First Capital. PUEDES VER PPK en 2011: “Westfield Capital es un conducto para mí” Para aclarar la situación, La República buscó a los principales personajes de esta historia. El presidente PPK dijo la noche del jueves que salvo un contrato suscrito cuando ya no era funcionario público, las empresas fueron manejadas por Sepúlveda. Desde Santiago de Chile, a través de su secretaria, el inversionista Gerardo Sepúlveda indicó que por lo pronto no declararía a la prensa. También buscamos la versión de la constructora brasileña en Sao Paulo o Curitiba, en Brasil. El superintende de Odebrecht Perú, Mauricio Cruz está en ese país. Recién regresará el fin de semana. La versión de Odebrecht Ayer en la tarde, el responsable de comunicaciones de Odebrecht en Lima, Rodrigo Villar, nos remitió una carta, en respuesta a la columna de Mirko Lauer. En ella, Odebrecht afirma que los contratos con Westfield Capital y First Capital son legales y los tratos fueron exclusivamente con Gerardo Sepúlveda. Además, precisan que al no tener indicios de ilicitud no los informaron a la fiscalía y no estaban protegidos por la reserva de la colaboración. Por eso lo entregaron a la Comisión. "Odebrecht Perú no tiene intención política asociada a los esclarecimientos que viene prestando a la Fiscalía, a la Comisión del Congreso y a los medios de comunicación a lo largo de año de 2017. Su único objetivo es cumplir con sus obligaciones legales y las que se desprenden de los compromisos de transparencia e integridad asumidos por el Grupo Odebrecht". Anota que recién entregaron esta información al Congreso porque el proceso de colaboración con la fiscalía es sobre actos ilícitos y los contratos con Westfield Capital y First Capital no estarían en este grupo. "En razón de la ausencia de indicios de ilegalidad en la relación contractual con las empresas mencionadas en el oficio de la Comisión Investigadora, la información brindada por la empresa no forma parte del alcance de hechos relatados en el proceso de colaboración eficaz, los cuales están sujetos a reserva impuesta por el acuerdo de cooperación internacional entre las Fiscalías de Brasil y Perú", indica Odebrecht. Agrega que, al no existir reserva, Odebrecht está obligada por ley a responder el requerimiento de la Comisión Lava Jato. Gerardo Sepúlveda "Los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados a empresas de Odebrecht, y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente. Los valores de dichos contratos estaban de acuerdo con las prácticas de mercados a la fecha. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda", detallan. La carta concluye informando que realizarán las aclaraciones que les sean requeridas por el Ministerio Público y la Comisión Lava Jato para contextualizar la información que fue remitida al Congreso. Lo mismo que debe hacer el presidente Kuczynski. Pagos no fueron de la caja dos - Desde Brasil, personas del entorno de Jorge Barata señalaron que este se sorprendió al conocer el revuelo que causó la revelación de los pagos a Westfield Capital y First Capital. Barata habría mencionado que no sabía que el presidente Pedro Pablo Kuczynski era el dueño de Westfield Capital. - Por otro lado, las fuentes explicaron que el hecho de que la información a las mencionadas empresas estuviera en la contabilidad de Lima demostraría que los pagos no provienen de Caja 2. "Si fueran pagos ilícitos los archivos estarían en los servidores incautados en Suiza", enfatizaron.