La actitud de Pedro Pablo Kuczynski acaba de cambiar radicalmente. Tras un año y medio de soportar los embates de la oposición confiado en el peso de su presidencia, PPK ha pasado a afirmar que la democracia corre peligro. No es el único que lo está diciendo, pero viniendo de él equivale a una señal de alerta frente a un riesgo presente. Con toda razón PPK ha percibido en la cita de la comisión Lava Jato a su esposa una escalada de Fuerza Popular y su entorno. Las actividades de debilitamiento del Ejecutivo se han desplazado hacia un intento de demolición de la Presidencia de la República. El contexto del caso Odebrecht se está prestando a esta nueva situación. Probablemente las cosas empezaron en FP como una alegre conspiración política: demostrar fuerza, irritar al rival, canjear acusaciones recibidas por acusaciones lanzadas. Pero a partir de un momento las cosas se han salido de control, las amenazas a la presidencia inevitablemente ponen en jaque a todo el ordenamiento institucional. Aun si se aceptara que PPK ha tenido algún grado de compromiso empresarial con Odebrecht, algo que él ha venido negando y el fujimorismo machacando, y que parte del público piensa, el camino emprendido por la oposición para dilucidar la posibilidad no es el más adecuado. Pues desde la partida esas opiniones han tenido la forma de una condena, acompañada de pedidos de renuncia. Tanto así que una interrupción del mandato de PPK ha pasado desde hace unas semanas a ser un tema habitual de discusión política en el país. Es cierto que todavía se viene tramitando sobre todo con la ligereza que caracteriza a buena parte de las llamadas redes sociales. Pero la alerta de PPK sugiere que en algún sitio una línea acaba de ser cruzada. No se entiende cómo una crisis terminal de esta presidencia podría favorecer a una política como Keiko Fujimori, que desea candidatear en el 2021. Una implosión de la frágil institucionalidad democrática del país no dejaría hueso sano en el sistema político, y le abriría las puertas a la expresión desordenada del descontento. No sorprende, entonces, que congresistas opositores experimentados como Víctor Andrés García Belaunde o Mauricio Mulder hayan tomado distancia de la decisión de citar a la primera dama a la comisión Lava Jato.
