La República expresa en su editorial de hoy jueves su preocupación y rechazo al uso de la Comisión Lava Jato para las venganzas políticas y la protección de los fujimoristas denunciados.,La Comisión Lava Jato del Congreso, teóricamente designada para investigar la corrupción brasileña, pero que demostradamente es utilizada por Fuerza Popular como un instrumento de venganza y protección de los fujimoristas denunciados, ha superado los límites de la responsabilidad. Ante la imposibilidad de recibir el testimonio directo del presidente de la República, ha resuelto citar a su esposa. De ese modo, la mayoría parlamentaria asesta un golpe bajo a la institución de la presidencia, deslegitimando aún más su propia función de investigación y control político. Debido a que no puede obligar a Pedro Pablo Kuczynski a comparecer ante el Parlamento, porque la Constitución lo impide, recurre al vedado método del chantaje o venganza. PUEDES VER Nancy Lange: critican citación de primera dama a comisión Lava Jato Quienes presenciaron el episodio relatan que esta citación no fue el resultado de la deliberación de la comisión, sino una operación entre Fuerza Popular y sus aliados. La legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma argumentó que en atención a que “ya es totalmente evidente que el presidente no quiere rendir cuentas a la justicia”, solicitó que la comisión convoque a la señora Nancy Lange quien, señala, “aparecería” como socia en la empresa Latin American Enterprise Corporation. Queda claramente establecido para los propósitos procesales posteriores, incluyendo la defensa del principio del debido proceso, que el Congreso ha citado a la esposa del jefe de Estado en reemplazo de este. Esta persecución contra la familia del presidente ha sido hecha suya por el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, una extraña conducta de quien junto a su familia fue alguna vez objeto de una infame persecución por denunciar a un grupo mafioso. No hay duda de que el partido que representa, de hondas credenciales democráticos y republicanas, está siendo devorado por la falta de racionalidad y mesura. El principio legal de los defensores de este vilipendio a la presidencia es que una comisión investigadora tiene facultades para citar a cualquier nacional o extranjero domiciliado en el marco de una indagación de interés público. Siendo cierta esta premisa, es completamente ilegal, sin embargo, que se cite a una persona en lugar de otra, que se convoque a la esposa ante la imposibilidad legal de citar al esposo, o que se afirme que la citación a la primera dama es el recurso sancionatorio ante la negativa del jefe de Estado de recibir a una comisión parlamentaria amparado en la Constitución. Es asimismo ilegal que tomara esta decisión sin el quórum requerido. La citación a la cónyuge del presidente en estas condiciones presenta la figura de un secuestro parlamentario en busca de rescate. Coloca el enfrentamiento del Congreso contra el Ejecutivo en un plano distinto y riesgoso, donde lo más significativo son los actos ilegales de un poder del Estado, nulos y anulables por cualquier instancia de proteja derechos ciudadanos, y la toma de decisiones que colocan al Congreso en una ruta abiertamente golpista.
