Curitiba, la capital de Paraná, es justamente considerada el epicentro de la lucha judicial brasileña contra la corrupción. Desde allí opera el célebre juez Sergio Moro, y allí están los cientos de enjuiciados, presos y condenados de los principales casos, con Lava Jato y el empresario Marcelo Odebrecht a la cabeza. Sin embargo, el semanario Veja ha vuelto a hacer notar el desfase entre lo que ocurre en este estado sureño vecino de Sao Paulo y lo que sucede en Brasilia, la sede del gobierno. En la capital del país, donde investiga la Procuraduría General de la República, prácticamente no sucede nada: hay seis enjuiciados, tres presos (preventivos) y cero condenados. La conclusión de la revista es que juzgar a políticos del Ejecutivo y del Legislativo con mandato, léase con poder, es más difícil que juzgar a los ciudadanos de otras categorías. Pero incluso si se acepta el argumento, el desfase en la contabilidad entre los dos escenarios es abismal. Además, en Curitiba ha sido encauzada alguna gente que también tiene mucho poder. La principal diferencia mencionada está en la celeridad del sistema de justicia que impulsa Moro en Paraná, descrito como una verdadera fábrica que se desenvuelve con gran sinergia, frente a los tribunales de Brasilia, que arrastran los pies y se manejan con los ritmos lentos de siempre. El coordinador de Lava Jato para Curitiba lo pone así: “No es un demérito de los ministros [del Supremo Tribunal Federal], y sí de los engranajes del sistema. El sistema, y no los jugadores, hace de los tribunales una especie de paraíso judicial para criminales”. Así, hay muchos sospechosos en Brasilia, pero se pasean sin problema ostentando sus altos cargos, lo cual inevitablemente hace pensar en la impunidad. A nadie escapa en Brasil que si los políticos de Brasilia fueran juzgados a la velocidad de crucero que prima en Curitiba, la crisis política se profundizaría todavía más de lo que ya está. Los ministros del STF no reconocen esto como un móvil, pero cuando termine el 2017 sólo habrán sido llevados adelante dos procesos por corrupción en esa corte. Apunta Veja que los procesos en manos de Moro concluyen en pocos meses, mientras que el promedio de un trámite de acción penal en el STF es de 1,377 días.
