Deben anotarse como logros en la lucha contra el delito los más de 70 megaoperativos realizados en los últimos meses, la captura de 500 de los 1,800 grandes delincuentes buscados, y la férrea respuesta interna a la corrupción policial. Siendo esto inicial y correcto, me temo que la primera tendencia del proceso es que ha llegado a un límite operativo e institucional que debe ser encarado con un ánimo reformista firme. La parte institucional de este límite reproduce brechas entre la policía y la fiscalía, entre esta y los jueces, y entre todos los actores de una política criminal pública. La parte operativa es estrictamente policial y se resume en una crisis de la investigación criminal cuyas cifras no dejan dudas. Hace 10 años se resolvían el 78% de las denuncias a cargo de la DIRINCRI, que es una parte del total de denuncias; desde entonces, se ha producido un fenómeno perverso, el aumento vertiginoso del número de denuncias y la caída con igual velocidad del número de investigaciones exitosas. En el 2014, de 33 mil denuncias solo se esclareció el 17% y el año pasado de 22 mil, solo se esclareció el 20%. En cifras gruesas, 18 mil denuncias investigadas el año pasado por la DIRINCRI no han sido resueltas, es decir, que solo una de cada cinco denuncias es resuelta, una brecha gigantesca que revela que, junto a la impunidad conocida, la judicial, que consiste en un mal juzgamiento del delito, coexiste la impunidad policial, más perjudicial y recreadora del delito. La primera constante de esta brecha, el aumento de denuncias, debe ser estudiada para esclarecer lo siguiente: 1) si se debe a que los ciudadanos confían más en la policía; 2) si se registran más denuncias porque se cometen más delitos; o 3) si este incremento se debe a que el volumen de lo afectado es mayor. A simple vista, el crecimiento de las tasas de victimización y la relación entre aumento de delitos contra el patrimonio y los índices de crecimiento y distribución, indican que se trataría esencialmente de las dos últimas razones. Con respecto a la segunda constante, la brecha denuncia/esclarecimiento es perceptible que no hubo estrategia para asimilar la avalancha de denuncias, a pesar de cierto esfuerzo en acercar a los ciudadanos a las comisarías y hacer más amigable este tedioso proceso. Que cada año DIRINCRI, el cuerpo especializado de la PNP, tenga 20 mil denuncias en promedio sin resolver indica varios fenómenos que no pueden barrerse bajo la alfombra y que parecen ser concurrentes: 1) el escaso número de personal competente para la investigación criminal; 2) la sofisticación de los infractores; 3) la obsolescencia de técnicas e instrumentos de investigación; 4) la corrupción policial, de lo que hay sonados ejemplos; y 5) la persistencia de arreglos institucionales deficientes y de poca eficacia operativa. Otras dimensiones de esta brecha deben ser tomadas en cuenta. La primera de ellas es el efecto social de la falta de resolución de una denuncia, medido permanentemente con indicadores de confianza policial, es decir, una enorme frustración que se acumula y desfoga en alternativas de “mano dura”, militarización de la seguridad ciudadana, o la seguridad por cuenta propia. ¿Qué sino populismo penal y policial puede impulsarse en un país en el que 100 mil denuncias de delitos han quedado en la impunidad en los últimos 5 o 6 años? Otra dimensión de esta brecha es el desarrollo mismo del crimen impulsado por la impunidad. Nuestro mapa criminal –apreciados los anuarios estadísticos de la PNP– está hecho de pequeños delitos y de una multitud de faltas, un cuadro delictivo “democratizado”, popular, y de masas en algunas ciudades de la costa. En datos al desgaire, la policía reporta que en los últimos años ha “desarticulado” en todo el país por lo menos 25 mil bandas, o que solo entre abril y mayo de este año las denuncias por faltas en las comisarías superaron las 47 mil. No hay duda de que la investigación criminal, una de las almas del trabajo policial, está en crisis. http://juandelapuente.blogspot.pe Respecto a la segunda constante, la brecha denuncia/esclarecimiento, es perceptible que no hubo estrategia para asimilar la avalancha de denuncias.
