Lo que el hampa se llevó, por Mirko Lauer

Sin duda es un tema para abogados penalistas. Pero para los legos en derecho circula sobre todo como un tema de equidad. ¿Deben los delincuentes confirmados por la justicia conservar el producto de sus delitos? Nuestra respuesta siempre será que no. ¿Pero todas las propiedades a nombre de un delincuente han sido obtenidas delinquiendo?

    No necesariamente. Hay bienes heredados, otros obtenidos mediante actividades lícitas, o comprados con fondos legítimos. Todo lo cual puede, y suele, tener amarrados derechos de la familia. Separar esas categorías no es tarea fácil, entre otras cosas porque, comprensible o interesadamente, los propietarios no colaboran.

La nueva ley sobre el tema está convirtiendo una aproximación simple y severa –privar al delincuente de su botín – en un proceso con razonables salvedades, donde la condición misma de botín debe ser demostrada. Lo cual es razonable cuando la existencia de una rapiña es evidente, lo cual no siempre es el caso, sobre todo en los delitos de cuello blanco.

En los casos donde las cuentas no son claras, tal vez un abogado se incline por el conocido in dubio pro reo, en que la duda debe beneficiar al acusado. ¿Hasta dónde puede llegar este principio jurídico? Para las víctimas y los demás afectados, siempre llegará demasiado lejos. Sobre todo si la ley ha sido dada por este cuestionado Congreso.

    Quizás ayudaría a la causa de la justicia retributiva concederle a los casos en discusión el tiempo necesario para no precipitarse, ni ejercer la venganza, ni saciar por esa vía la comprensible ira de un pueblo empobrecido. Es decir, llegar a una confiscación razonable, como ha sido el caso con la anterior ley de extinción de dominio.

    Mientras la situación se perfecciona, sería conveniente no confiscar ni devolver nada, y mantenerlo todo en vigilante suspenso. Pues todo acto en cualquier dirección será visto como un paso irregular de quienes legislaron. Como están las cosas, ya será bastante avance capturar a los hampones y demostrar sus culpas en un tribunal.

    Somos una opinión pública impulsiva, y es muy necesario que dejemos de serlo. Una opinión pública más reflexiva, y más constante sería un instrumento muy valioso en la lucha por la seguridad ciudadana.