Pataz, territorio liberado, por Mirko Lauer

 Trece asesinados, y 50 secuestrados que se ha logrado rescatar, son la marca de una escalada que ya había comenzado hace tiempo. Por intuición periodística, el evento de Pataz ha llegado a algunos de los principales medios del mundo. La  frase frente a lo sucedido es que el gobierno ya ha perdido el control de esta zona minera de La Libertad.

    La frase pudo ser lanzada cuando los mineros ilegales empezaron a derribar torres eléctricas de las empresas mineras hace un par de años, pero no lo fue. Miles de guardias privados y cientos de policías después, está claro que el gobierno central y el regional, más los esfuerzos del sector privado, han sido arrinconados.

    ¿Quién arrincona? No solo los mineros ilegales que luchan por su acceso al oro, propio y ajeno. A estas alturas ya operan en Pataz varias bandas criminales multipropósito atraídas por el metal. Se estima que estas bandas son las que han introducido tácticas senderistas (torres derribadas, y ahora masacres) en el panorama de la zona.

    A partir del aumento de la violencia el gobierno entró en la lógica de tipo ¿abigeos o guerrilleros? usada un breve tiempo en los años 60. Ahora la pregunta se ha vuelto si predomina la minería ilegal de Pataz o una criminalidad de perspectivas regionales o nacionales. El gobierno no ha dado una respuesta todavía, más allá de enviar policías.

    Pero movilizar uniformados sin una estrategia en marcha es muy poco eficaz, como estamos viendo. La propia conducta indolente del gobierno central y la del gobernador regional indica que no esperan resultados. Es probable que los mineros, legales e ilegales, estén siendo extorsionados por las bandas criminales de fuera de la provincia.

    La parte de la población que no posee mina de oro, sobre todo aquellos dedicados a actividades agropecuarias, no está contenta. Las rondas campesinas sienten que mantener a los ilegales a raya es una de sus tareas. Pero la criminalidad de origen trujillano los supera largamente, y parece con ganas de emprender una guerra territorial.

    En un escenario mucho más amplio que Pataz, los extorsionadores saben que el gobierno y sus organismos no tienen capacidad de confrontación frente al delito. Los ministros rotan y el problema sigue. Lo mismo viene sucediendo en el distrito minero de La Libertad. ¿Le interesa el tema a César Acuña?