Songo le dio a Borondongo, por Rosa María Palacios
“El Congreso ha violado la ley y la Constitución tantas veces como lo ha hecho Dina Boluarte, demoliendo todo a su paso. No tienen pudor en seguir haciéndolo y lo harán”.
La fiscal de la Nación no quiere ser investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Detiene toda investigación en su contra con una medida cautelar otorgada por una jueza provisional en el marco de una acción de amparo. La medida, apelada, fue declarada nula el jueves pasado. Ahora, la JNJ puede investigar y sancionar a la fiscal, pero es posible que no lo logre. No por falta de pruebas, sino porque la JNJ está en riesgo de desaparecer. Primero, la fiscal de la Nación tiene interpuesta una contienda de competencia contra la JNJ en el Tribunal Constitucional (TC) para impedir la fiscalización en toda la institución. Segundo, la JNJ está investigada de forma sumaria por el Congreso con el objeto de ser destituida total o parcialmente. Tercero, los miembros de la JNJ están acusados constitucionalmente en causas ya presentadas y en trámite ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El fiscal Rafael Vela ha sido suspendido 8 meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, pero la resolución está en apelación y, mientras tanto, sigue en su puesto. La apelación debe ser resuelta por el jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, quien fue nombrado por la JNJ en concurso público de méritos. Sin embargo, Fernández está en investigación por la misma JNJ. Si se le destituye, no se resuelve la apelación de Vela y este sigue en su puesto. Si se destituye antes a la JNJ, Juan Antonio Fernández puede confirmar la sanción de suspensión de 8 meses.
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Veamos cuáles son las imputaciones en cada caso. Patricia Benavides es investigada por remover a la fiscal que investigaba a su hermana (excarceló a un narcotraficante) y sustituirla por otro que termina archivando todo; por haber presentado títulos de maestría y doctorado sustentados en tesis que nadie ha visto; y por haber aceptado una condecoración de un procesado por lavado de activos (el alcalde de Lima). Juan Antonio Fernández Jerí es investigado por haber presentado la acreditación de haber cursado diplomados en horarios simultáneos, con profesores inexistentes, hecho que tiene bajo sospecha sus estudios en el concurso de méritos en el que fuera elegido. Ambos están bajo la jurisdicción de la JNJ y mentir en un documento administrativo que se considera declaración jurada es delito.
Rafael Vela Barba ha sido sancionado administrativamente por criticar una resolución judicial (lo que es un derecho constitucional) que excarceló a Keiko Fujimori en el año 2020. Viene otra sanción (¿alguien lo duda?) por “faltar el respeto” a la fiscal de la Nación; es decir, por decir la verdad. Nada tenía que hacer ella en el caso Toledo. Vela y su equipo tienen muchos errores y desaciertos, algunos muy graves. Pero sancionarlo sin causa solo beneficia que no se le examine por lo que sí tiene fundamento.
La JNJ, por su parte, está acusada por cinco hechos. Un chisme (señalado así por el presidente del Poder Judicial) sin prueba alguna de presión sobre el magistrado. Una filtración a un medio, también, sin prueba alguna. Una “interpretación” absurda de la edad de jubilación de un magistrado, que fuera contradicha en el mismo concurso. Un comunicado en el que exhortan al Congreso a no violar la Constitución (cosa que el Congreso hizo al destituir sin causa a Zoraida Ávalos) y por no presentar informes anuales al Pleno del Congreso cuando este jamás le ha dado fecha para hacerlo.
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Solo viendo las imputaciones superficialmente, cualquier persona puede concluir que la situación de la JNJ y la del fiscal Vela carecen de sustento y que, por el contrario, las de la fiscal de la Nación y el jefe de la ANC son bastante más incriminatorias. Pero los dos primeros carecen de algo que si tienen los dos segundos: apoyo parlamentario directo o indirecto, porque bastará la destitución de la JNJ para que ambos se salven. Si su rescate es la prioridad parlamentaria, y me temo que lo es, lo harán así sea inconstitucional. El Congreso ha violado la ley y la Constitución tantas veces como lo ha hecho Dina Boluarte, demoliendo todo a su paso. No tienen pudor en seguir haciéndolo y lo harán.
Como en la canción, en las precarias y destruidas instituciones peruanas, la cosa funciona así hoy: “Songo le dio a Borondongo; Borondongo le dio a Bernabé; Bernabé le pegó a Fuchilanga y le hecho burundanga”. Matar o morir. ¿Quién llega primero? ¿Quién destituye a quién?