Fuegos nada purificadores

Quizás lo que más quiere un investigado o acusado con la consciencia sucia es que su expediente desaparezca. El autogolpe del cinco de abril 1992 vino acompañado de un robo masivo de expedientes judiciales. Hay fotos de uniformados cargando una enorme camioneta. Era el comienzo de un periodo de especial corrupción en las cortes peruanas.

Muchos legajos desaparecen de uno en uno, en sigilosas transacciones, que son clásicos delitos cometidos desde dentro. Algunos pueden ser reconstruidos, aunque es infrecuente. Pero aun en los expedientes vueltos a armar la demora siempre hace su trabajo. La digitalización de los casos ha abierto una nueva puerta para todo esto.

Luego están los incendios en los depósitos de expedientes. Muchos de esos casos están rodeados de cierta incertidumbre respecto de si son deliberados o accidentales. Por lo general las apuestas se inclinan hacia el primer tipo, sobre todo en tiempos de especial confluencia entre política y corrupción.

En estos últimos días un fuego devoró papeles y computadoras con información, policial y judicial sobre delitos bajo la lupa de la justicia. Otro incendio, calculado con toda deliberación, en el Poder Judicial de Lima fracasó. La cercanía en el tiempo hace pensar en el debut de una banda especializada, y en el aprovechamiento del clima de distracción que puede producir la protesta en las calles.

¿Por qué quemar? Lo primero que viene a la mente en que la destrucción a granel es para disimular la destrucción de unos pocos expedientes selectos. Pocos, pero demasiados como para simplemente tomarlos sin que se advierta la sustracción. Cuesta algo de trabajo llamar vandalismo a este tipo de delito contra la administración de justicia.

La lista es larga. Local del PJ de Lince, 2009. Un juzgado en Pucalá, Lambayeque, 2013. Local de la Corte Superior de Lima, Lince, 2019. Local de la Corte Superior de Lima, jirón Puno, 2020. En realidad los incendios judiciales, por llamarlos de alguna forma, vienen de bastante más atrás. Los bomberos del país acaso tienen una lista más completa.

Sería muy conveniente construir depósitos y oficinas a prueba de este tipo de delito. ¿Es posible que el Poder Judicial pueda confeccionar y hacer pública una relación de expedientes destruidos por fuego, o cualquier otro medio?