La transparencia suspendida

Estamos ante la crónica de una transparencia suspendida en el Perú. El presidente Jeri tiene reuniones, al estilo Sarratea, sin registro oficial fuera del despacho presidencial pero que para él son parte de su estilo personal donde gobierna desde la calle y rompe protocolos. El premier Alvarez señala que el mandatario no sabía que lo iban a grabar, que cayó en una trampa política, que cometió errores por su juventud.

Lo cierto es que a la transparencia nuestros gobernantes le han puesto un letrero de “fuera de servicio” e intentan convertir en un episodio político un hecho de vulneraciones legales, funcionales y éticas. He ahí además el error de sumarnos todos al himno de la sanción política al son de “censura” o “vacancia” como si estuviéramos ante un escándalo de interpretación política de incapacidades, cuando en realidad lo que necesita el país es que se cumpla la ley, que se sancione a los funcionarios públicos que la atentan, y que exhiban eso que es fundamental en el ejercicio político: idoneidad, discernimiento de lo correcto/incorrecto y ética pública.

No queremos que pidan perdón, queremos que se hagan cargo y sean sancionados por las transgresiones a la ley que cometen, y que alguno de los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos que ejercen control, fiscalización y administración de justicia, hagan que las leyes se cumplan.

El Decreto Legislativo 1415 que modifica la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública prohíbe a los funcionarios atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional, con la única excepción de registrarse en la Agenda Oficial. Es más, tal es la audacia y la promesa fallida de esa norma que obliga a las entidades a incorporar esas agendas oficiales en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Tan transparentes que se pueda saber quién pide qué, quién negocia qué, y quién accede a ello. Un escenario claramente distópico en el país donde el secretismo y la oscuridad son la impronta reinante.

Los encuentros no transparentados del presidente Jeri con empresarios chinos no constituyen solo un problema político o comunicacional. no estamos ante un descuido menor ni ante un error administrativo subsanable, sino ante un incumplimiento que erosiona la arquitectura misma de la transparencia pública y debilita el principio de rendición de cuentas. Y sí es una falta ética, pero ante todo, es una vulneración legal.

Como advertía Sigmund Freud, la opacidad suele ocultar una pulsión más profunda: la pulsión de muerte de la institucionalidad. El secreto no es neutral; es un modus operandi político. Protege decisiones, encubre motivaciones y bloquea la fiscalización. Por eso, la opacidad no es una falla del sistema: es una herramienta apañada por un sistema que decide no prender la luz, y que es utilizada para reducir costos, evitar controles y administrar la información como privilegio.

Cuanto más caemos en las historias de opacidad, más descreemos que la transparencia es la única forma en la que deberíamos tolerar el ejercicio del poder político. La desconfianza se ha alimentado opíparamente del descrédito de la transparencia, y bajo esa gula, hoy somos una nación de peruanos que no cree ni en las autoridades, ni en las instituciones, ni en los otros peruanos. El ciudadano aprende a desconfiar, a resignarse o, peor aún, a aceptar el abuso como parte del paisaje. El cinismo reemplaza a la participación, la indiferencia sustituye a la vigilancia y la democracia se reduce a un ritual vacío desprovisto de contenido real.

Pero hoy más que nunca, George Orwell hace sentido cuando decía que “en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.” La transparencia es la gran reforma que en este contexto electoral debe ser el primer consenso político: Necesitamos una Autoridad de Transparencia autónoma e independiente del poder político, con la capacidad y la idoneidad de vigilar y hacer frente cualquier vulneración que ponga en riesgo la transparencia de los actos públicos y la rendición de cuentas del poder que decide sobre nuestras vidas.

Lo más cercano a esa Autoridad hoy está asumido en dos puestos críticos en el Estado: quien ocupa la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y quien ocupa la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este último cargo hoy en convocatoria para designación.

Es esta la oportunidad de hacer bien las cosas que esperamos sea asumida por el MINJUS, de donde esta autoridad de transparencia depende. Al momento de escribir esta columna, el concurso público para elegir a la nueva autoridad ha sido suspendido en mitad del proceso, y algunas organizaciones de la sociedad civil, como Proética -el capítulo peruano de Transparencia Internacional- y la Cámara de Comercio de Lima habían solicitado ser incorporadas como veedoras del proceso, en el ánimo de contribuir a darle transparencia a la selección del puesto que, quizás, más transparencia debería demostrar.

Quizás esta suspensión del proceso sea augurio de esa apertura. Quizás sea esta la forma de voltear el cartel de “fuera de servicio” por “atendemos las 24 horas”. Es el momento de exigir una transparencia de tiempo completo, necesitamos más que nunca que la integridad no sea una concesión anecdótica del poder, sino una obligación legal y ética de la más alta valía nacional.