Próxima definición. Sandra Torres (UNE) y Bernardo Arévalo (Semilla) pasaron a segunda vuelta electoral para tentar la presidencia de Guatemala. Con un 98% de votos contabilizados, la aspirante por cuarta vez a la máxima jefatura del país sacó un 15,76%. En el caso del exdiplomático —desestimado por los sondeos de opinión—, un 11,81% de electores ávidos marcaron a su favor. El domingo 20 de agosto, el desaprobado mandatario derechista Alejandro Giammattei sabrá quién será su reemplazante.
La empresaria de 67 años fundó el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) junto con su entonces esposo, Álvaro Colom. En esos comienzos del 2003, se le identificaba como socialdemócrata, apegada a la centroizquierda.
En pareja, también llegó a Palacio. En 2008, Colom fue elegido como presidente del país centroamericano. Un año antes de terminar su gestión, Torres se divorció. Entonces, pensó que podía postular a las elecciones del 2012, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la inclusión.
Reincidente por la ambición, participó de los comicios de 2015 y 2019, por lo que llegó a segunda vuelta, y en ambas terminó derrotada. Su actual estadía es la tercera. En su país natal es considerada como una candidata "persistente", según la BBC.
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De remoto origen socialdemócrata, el compañero de fórmula de Torres para la segunda vuelta del 2023 es el pastor evangélico Romeo Estuardo Guerra Lemus. Sectores opositores a la tendencia conservadora de la candidata intentaron evitar la vicepresidencia del religioso amparándose en un artículo de la Constitución guatemalteca que prohíbe la asociación de altos funcionarios con "cualquier religión o culto", pero Guerra se mantuvo.
Artículo utilizado para cuestionar a Guerra Lemus. Foto: Constitución Política de Guatemala
Así, como primera dama, impulsó programas sociales en beneficio de civiles empobrecidos; no obstante, ahora aclama como urgentes las decisiones del represor Nayib Bukele, tan aplaudido por la ultraderecha latinoamericana. Quiere replicar su puesta en escena cuando levantó cemento, enrejó, pactó en silencio y grabó, cual producto audiovisual, las megacárceles.
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Tras su segunda derrota electoral, Torres fue detenida en 2019 por el presunto delito de financiamiento ilícito asociado a su campaña del 2015. La acusación provino de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, grupo de trabajo dependiente de la Organización de Naciones Unidas.
La UNE recibió 600.000 de dólares no registrados procedente de "una actividad ilícita", según la imputación fiscal. Se habría utilizado tres sociedades anónimas como centros de recaudación y administración de recursos externos, es decir, almacenamiento de dinero ilegal.
En enero del 2020, el fiscal Juan Francisco Sandoval argumentó en favor de su excarcelación preventiva. La defensa fue que Torres pasó la mayoría de tiempo en la enfermería. Pese a la oposición del Ministerio Público, se cambió su condición a apresada domiciliaria.
Más de dos años después, el martes 29 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez desestimó el proceso penal. Torres quedó libre de todo cargo.