El reciente 16 de mayo, la Policía Nacional Civil de El Salvador reportó el fallecimiento de uno de sus efectivos en Nueva Concepción, Chalatenango, producto de un supuesto ataque de "pandilleros". Como respuesta, el jefe de Estado, Nayib Bukele, volvió a llamar "peste" a la delincuencia del país centroamericano. También atacó a las organizaciones sin fines lucro abocadas a los derechos humanos y advirtió que "arrasarán" con esos "malditos asesinos y sus colaboradores".
PUEDES VER: “Patadas y puñetazos por todo el cuerpo”: sobreviviente relata el terror en cárcel de Bukele
"No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente", redactó en su cuenta certificada de Twitter.
El último 4 de marzo, la directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, consideró a la cárcel inaugurada en la gestión Bukele como una "puesta en escena" donde se "esconden negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra poder".
Otra acusación provino del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El despacho lo acusó de pactar con las pandillas que tanto enarbola perseguir. Supuestamente hecho en 2019, el acuerdo habría consistido en tener un trato preferencial en los mega centros penitenciarios.
PUEDES VER: Bukele asegura que El Salvador lleva un año sin homicidios, pero HRW califica esto como "engañoso"
La tesis del Gobierno de Joe Biden coincide con una indagación hecha en el 2020 por El Faro, en la que se aseguró, basado en cientos de informes desclasificados, que diferentes funcionarios entraron a las cárceles con cabecillas del M-13.
La complicidad entre la comandancia y los líderes es una presunción manejada en la comunidad internacional denostada por Bukele.