El Senado de Chile aprueba críticada megarreforma economica de Kast que rebaja impuestos a las grandes empresas

Una megarreforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast superó uno de sus principales obstáculos legislativos. Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, el Senado de Chile aprobó el proyecto por estrechos márgenes en sus artículos más relevantes. Este contempla una rebaja de impuestos a las grandes empresas, beneficios para inversiones de largo plazo y otras modificaciones tributarias que ahora deberán ser revisadas por la Cámara de Diputados, donde la derecha cuenta con mayoría.

El paquete legislativo forma parte del plan de reactivación económica del Gobierno y busca incentivar el crecimiento mediante cambios en la reforma tributaria. Sin embargo, la oposición chilena sostiene que las medidas reducirán la recaudación fiscal, favorecerán a los sectores de mayores ingresos y afectarán la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

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Rebaja de impuestos a grandes empresas: 27% a 23%

Uno de los ejes es la disminución gradual del impuesto de primera categoría para las grandes empresas. La tasa bajará del 27% al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y llegará al 23% desde el año comercial 2029. La disposición recibió 26 votos a favor y 24 en contra, reflejo de la fuerte división política que provocó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la propuesta al término de la votación. "Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", afirmó. El oficialismo sostiene que la reducción tributaria permitirá recuperar competitividad, atraer capitales y estimular el empleo.

La iniciativa también establece un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Los proyectos de entre 50 y menos de 100 millones de dólares tendrán estabilidad por 10 años; aquellos desde 100 y por debajo de 350 millones contarán con 15 años; y las superiores a 350 millones dispondrán de un período de 20 años con reglas tributarias estables.

Oposición anuncia recurso al Tribunal Constitucional

La tramitación estuvo marcada por múltiples reservas de constitucionalidad. Legisladores opositores cuestionaron varios artículos, especialmente los relacionados con la compensación a empresas cuyos permisos ambientales sean revocados y el régimen de invariabilidad tributaria.

La senadora Yasna Provoste expresó reparos durante la discusión y posteriormente criticó la aprobación de medidas como la repatriación de capitales. "No hay justificación alguna para premiar a quienes ocultaron recursos fuera del país", sostuvo. Según la parlamentaria, la norma constituye una "amnistía tributaria" enfocada en contribuyentes que no cumplieron sus obligaciones.

La oposición confirmó que presentará requerimientos ante el Tribunal Constitucional, mientras la iniciativa continúa su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Critican duramente el proyecto

Las críticas se concentraron en el impacto que la reforma tendría sobre los ingresos fiscales y el financiamiento de servicios públicos. Durante el debate, la senadora Beatriz Sánchez recordó que "cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado".

El senador Daniel Núñez calificó la reintegración tributaria como "la más obscena" de la megareforma económica, al considerar que beneficia principalmente a los propietarios de empresas. En la misma línea, la senadora Claudia Pascual aseguró que "es un día negro para las arcas fiscales, es un proyecto que rebaja la recaudación fiscal sin compensaciones estructurales".

Fuera del Congreso surgieron cuestionamientos. El expresidente Gabriel Boric compartió en sus redes sociales un mensaje del alcalde Tomás Vodanovic, quien criticó que el Gobierno priorice alivios tributarios a quienes poseen mayores recursos en lugar de fortalecer políticas sociales.

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FMI advierte impacto fiscal pese al impulso económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el plan podría impulsar el crecimiento económico, aunque advirtió que también ejercería presión sobre las cuentas fiscales. Esa evaluación coincidió con las preocupaciones expresadas por parte de la oposición respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Las encuestas además muestran un escenario dividido. Según Cadem, el 56% de la población rechaza la reducción de impuestos contemplada en la iniciativa. Mientras tanto, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento hacia 2030 del 4% al 3,5%, pese a defender la reforma como una herramienta que permitiría atraer inversión y fortalecer la actividad económica.