
Miles de personas marcharon en al menos cinco ciudades de Bolivia para exigir el levantamiento de los bloqueos de carreteras que mantienen paralizadas rutas estratégicas desde inicios de mayo. Las protestas ocurrieron en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Trinidad y Oruro, en medio de escasez de alimentos, combustible y medicamentos, además del aumento de víctimas asociadas a la interrupción del tránsito.
La presión social crece sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que enfrenta una ola de movilizaciones impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores cercanos al exmandatario Evo Morales. Los bloqueos buscan la renuncia del jefe de Estado, mientras organizaciones cívicas reclaman acciones inmediatas para restablecer la circulación y evitar un mayor deterioro económico.
El Ministerio de Salud confirmó la muerte de un niño de 12 años que era trasladado desde Llallagua hacia otro centro médico. La ambulancia no logró avanzar por los cortes instalados en las carreteras. Según la entidad, el menor falleció durante el trayecto después de presentar un cuadro de “trauma abdominal grave”. Con este caso, las víctimas vinculadas a la falta de atención oportuna ascendieron a cuatro.
La situación provocó llamados urgentes para habilitar corredores humanitarios. “La vida está por encima de todo conflicto”, expresó el Ministerio de Salud al pedir libre paso para ambulancias, oxígeno medicinal y suministros esenciales. Organismos públicos, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo respaldaron la solicitud ante el agravamiento de la crisis.
Las movilizaciones fueron lideradas por comités cívicos y sectores empresariales. En Santa Cruz, una de las concentraciones más numerosas llegó hasta la plaza principal de la ciudad. Allí, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la respuesta oficial frente a los bloqueos.
“El Gobierno sigue sentándose y pidiendo diálogo con quienes nos están matando”, afirmó el dirigente, quien exigió declarar un “estado de excepción sectorizado”. Además, advirtió que si no se liberan las rutas antes del plazo fijado por organizaciones locales, grupos ciudadanos podrían intervenir para levantar los cierres.
Los efectos económicos se expanden por varias zonas de Bolivia. En La Paz y El Alto comenzaron a escasear productos básicos, combustibles e insumos médicos. La Cámara Nacional de Industrias informó de pérdidas superiores a 600 millones de dólares debido a los conflictos.
Datos oficiales registran al menos 47 puntos bloqueados en siete departamentos. Mientras tanto, la policía abrió una vía estratégica en Cochabamba con gases lacrimógenos y detenciones. El gobierno reiteró su disposición al diálogo. “Las organizaciones sociales siempre tendrán espacio de negociación”, sostuvo Rodrigo Paz tras anunciar cambios en su gabinete.





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