
Venezuela anunció el inicio formal de un proceso de reestructuración de su deuda pública externa, así como la de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La vicepresidencia económica, encabezada por Delcy Rodríguez, lo comunicó en redes sociales con un mensaje breve: "Cumpliremos con nuestros compromisos de manera sostenible".
Los impagos comenzaron en 2017, cuando dejó de honrar los bonos de PDVSA, y se profundizaron desde 2018 con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según estimaciones privadas citadas por Reuters, la obligación total —incluyendo préstamos bilaterales y laudos arbitrales— asciende a entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, cifra que equivale a entre el 180% y el 200% del PIB nominal del país, estimado por el FMI en unos US$82.800 millones para 2025.
El abogado José Ignacio Hernández fue categórico al valorar el alcance real del anuncio: "Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente el procedimiento de renegociación de la deuda, no solo por las sanciones, sino también por cuanto todavía no hay claridad en cuanto al monto total de la deuda pública", dijo a la AFP. Aun así, el especialista reconoció que el paso puede facilitar "un proceso ordenado y consensuado de renegociación" con los acreedores.
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Horas después de la noticia, el Fondo Monetario Internacional salió a marcar distancia. Su portavoz Julie Kozack confirmó que el organismo está al tanto de la noticia, pero aclaró que no ha participado en el proceso "hasta el momento" y que la nación sudamericana no ha solicitado financiamiento.
Como se recuerda, el FMI reanudó sus acuerdos operativos con Caracas en abril, tras suspenderlos en 2019, lo que le permitió recuperar el acceso a sus Derechos Especiales de Giro, activos valorados en cerca de 5.000 millones de dólares, de acuerdo con JPMorgan. Esa reconexión es considerada un paso clave en las futuras negociaciones con los acreedores, aunque por ahora no implica respaldo formal al plan anunciado.
Desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, el gobierno interino de Delcy Rodríguez trazó un rumbo distinto. En marzo, Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— y Washington fue levantando sanciones a medida que abrió su sector energético al capital privado. Parte del débito con China, uno de los principales acreedores del país y miembro externo a la OPEP, se pagaba con cargamentos de petróleo, esquema que ahora deberá renegociarse. El gobierno de Rodríguez definió la reestructuración como "una decisión responsable, nacionalista y social" con el objetivo de "reconstruir la capacidad para movilizar financiamiento y atraer inversiones".





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