
Una multitudinaria marcha universitaria se desarrolla este martes en Argentina tras una convocatoria impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La protesta busca exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el aumento de salarios y la actualización de las becas Progresar, en medio de un escenario de fuerte desfinanciamiento de la educación pública.
La concentración principal partirá de Plaza de Mayo, con participación de estudiantes, docentes, personal no docente e investigadores de distintas universidades públicas. La movilización se enmarca en un conflicto que también involucra al Congreso argentino y a la Corte Suprema, donde se discute la validez y la ejecución de la norma que regula la subvención educativa.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostienen que el reclamo tiene una fuerte carga política. Ambos funcionarios cuestionaron la organización y remarcaron que priorizan la transparencia del gasto público en educación.
El problema gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso argentino y vetada en más de una oportunidad por Milei. Aunque la norma fue posteriormente promulgada, el Ejecutivo decidió no aplicarla con el argumento de que no hay definición sobre las fuentes de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional recurrió a la Justicia. Tras dos fallos favorables, el caso llegó a la Corte Suprema, que aún no define su postura. Esta situación mantiene en suspenso la aplicación de la ley y profundiza el enfrentamiento entre la cúpula oficialista y los centros educativos públicos.
En paralelo, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales advierte que la ausencia de ejecución presupuestaria afecta directamente el funcionamiento académico. Las autoridades académicas aseguran que el sector enfrenta una crisis estructural que compromete la educación pública en todo el país.
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Uno de los puntos centrales de la marcha es la caída de los sueldos de los docentes. Según datos del ámbito académico, alrededor del 80% de los profesores percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El deterioro salarial se tradujo en una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo en los últimos dos años, según estimaciones de gremios universitarios. La circunstancia derivó en la renuncia de más de 10.000 docentes, lo que genera dificultades para sostener el dictado de clases en varias facultades.
Desde la Federación Universitaria y los sindicatos advierten que las becas Progresar permanecen congeladas, lo que agrava el panorama de los estudiantes con menos recursos. El reclamo incluye una actualización urgente de los ingresos y del presupuesto destinado a educación superior.
Otro de los ejes de la pugna es el financiamiento de los hospitales universitarios. Según denuncias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), no se han transferido fondos suficientes para insumos, mantenimiento y equipamiento.
El presupuesto destinado a estos hospitales alcanza los 114.000 millones de pesos, pero solo se habría ejecutado cerca del 10% en lo que va del año, según datos del ámbito universitario. Esto afecta la atención de aproximadamente 700.000 pacientes.
El Gobierno, en cambio, sostiene que las transferencias están al día y acusa a las universidades de manejar de forma ineficiente los fondos públicos.
En la previa de la marcha universitaria, el Gobierno de Javier Milei oficializó un recorte de 78.768 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación. La medida, publicada en la Decisión Administrativa 20/2026, también elimina transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
El ajuste impacta en varios programas clave, entre ellos el Plan Nacional de Alfabetización, el Fondo de Compensación Salarial Docente y partidas destinadas a infraestructura escolar y becas estudiantiles. Además, se redujeron transferencias a la empresa estatal EDUC.AR S.A. y a proyectos universitarios en distintas provincias.





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