
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto que incorpora al sistema legal brasileño el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La ceremonia, celebrada en el Palacio de Planalto, marca el último trámite administrativo antes de que el pilar comercial del tratado entre en vigor de manera provisional el 1 de mayo.
"Fue hecho a hierro, sudor y sangre, porque hay muchas cosas que quieren evitar que Brasil crezca, compita y ponga sus productos en el mercado extranjero", añadió el mandatario durante el acto.
Cabe señalar que el convenio, que conecta a 700 millones de consumidores y representa alrededor del 25% del PIB mundial, formará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
No obstante, su ratificación enfrenta un serio desafío legal en Europa. El Parlamento Europeo, el 21 de enero, votó 334 a 324 para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría demorar entre 18 y 24 meses su resolución y bloquear de hecho su confirmación plena.
No obstante, la Comisión Europea ha sorteado este inconveniente al activar provisionalmente el pilar comercial de la alianza, sin esperar la validación parlamentaria. Esto fue posible tras la conclusión del proceso interno de aprobación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. De esta manera, se eliminan aranceles de bienes específicos y se establecen reducciones progresivas de hasta 15 años en sectores como la industria automotriz y los lácteos.
Las principales resistencias provienen de países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. En estos lugares, las áreas rurales temen que el pacto abra la puerta a importaciones de carne, azúcar y aves de corral de Sudamérica, productos con costos de producción más bajos y estándares ambientales menos exigentes.
Por el momento, el acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción avanza en su procedimiento en América Latina. Brasil, el primer país del Mercosur en completar su autenticación, aprobó el tratado en marzo: primero, la Cámara de Diputados, el 4 de ese mes; y luego, el Senado, al día siguiente. Con la firma del decreto presidencial, cierra formalmente su etapa legislativa.
No obstante, el futuro está condicionado a lo que decida el Tribunal de Justicia de la UE, que se pronunciará entre 2027 y 2028. Hasta entonces, el compromiso beneficiará los flujos comerciales de bienes, pero dejará pendientes aspectos clave, como la cooperación política y otras disposiciones que requieren la ratificación unánime de los 27 Estados miembros.





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