
El gobierno de Javier Milei impidió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, sin antecedentes desde el retorno democrático en Argentina, dejó vacía la sala de prensa. Casi 50 profesionales se quedaron sin acceso al principal edificio del Poder Ejecutivo. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, justificó la decisión en redes sociales como una acción “preventiva” ante una denuncia de espionaje ilegal formulada por la Casa Militar.
El mandatario respaldó la restricción con su habitual agresividad verbal. En su cuenta de X escribió “NOL$ALP”, sigla que utiliza para decir que no odia lo suficiente a los periodistas. Horas antes había calificado a dos informadores de “basuras inmundas” y “delincuentes”. Los aludidos trabajan para el canal Todo Noticias, contra quienes pesa una denuncia penal por filmar pasillos del palacio sin autorización.
Lanari afirmó que la suspensión de las huellas dactilares, método usual para habilitar la entrada, busca “garantizar la seguridad nacional”. El funcionario sostuvo que la Casa Rosada “no es un estudio de televisión ni un set de filmación”. También advirtió que quienes confundan “libertad de expresión con libertinaje” deberán responder ante la Justicia.
Según versiones periodísticas, la investigación oficial incluye dos líneas. Una relacionada con una presunta red de espionaje rusa que habría impulsado una campaña mediática contra Milei en 2024. Otra vinculada a las grabaciones no autorizadas dentro del edificio gubernamental. Los periodistas acreditados señalaron que la decisión fue “discrecional y sin notificación previa”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado urgente. Calificó la restricción como “una medida de extrema gravedad institucional” que altera las condiciones básicas para la cobertura del Poder Ejecutivo. La organización sostuvo que la denuncia contra los dos periodistas “no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular”.
Los profesionales afectados pidieron una “pronta solución” y advirtieron que el cierre “sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa”. El diputado opositor Germán Martínez (Unión por la Patria) definió el hecho como un “apagón informativo inédito”. La medida alcanzó a todos por igual, sin distinción de línea editorial.
La restricción ocurre en medio de una crisis política que sacude al Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Un fiscal recibió información sobre pagos en efectivo por alojamientos de lujo en Aruba, que sumaron casi US$9.000. Los pasajes aéreos costaron otros US$5.800, también abonados en billetes.
Adorni además se comprometió a pagar US$65.000 sin registrar por la compra de su departamento en Buenos Aires, según declaraciones ante la Justicia. Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de Presidencia, salió a respaldarlo en redes: “Más allá de las operaciones del periodismo, sé quién sos y de tu integridad”.





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