
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, calificó a Colombia como el “peor socio comercial” de su país y defendió la imposición de aranceles, en medio de una crisis que ya impacta el comercio bilateral y las relaciones diplomáticas. El mandatario argumentó que existe un déficit de US$1.200 millones dentro de un intercambio total de 2.100 millones, lo que, según dijo, afecta el empleo y la salida de divisas.
El jefe de Estado rechazó que exista un conflicto y aseveró que sus decisiones responden a problemas de seguridad. “No se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se les ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”, afirmó en una entrevista.
La disputa se intensificó desde febrero, cuando Ecuador impuso un gravamen del 30% a productos colombianos. La medida se endureció con el aumento de la llamada “tasa de seguridad” hasta el 100%, lo que provocó una reacción de Bogotá. La ministra de Comercio colombiana anunció un incremento similar en respuesta, aunque luego su homólogo mencionó que no aplicaría tarifas máximas a bienes necesarios.
El mandatario ecuatoriano insistió en que el problema no es político, sino estructural. Señaló que el desequilibrio comercial perjudica a su economía y cuestionó prácticas que, de acuerdo con su visión, no favorecen una relación equitativa. También criticó decisiones pasadas en materia energética, al comparar precios de electricidad entre ambos países.
La tensión se amplió al terreno diplomático tras declaraciones cruzadas de Noboa y Petro. El líder ecuatoriano rechazó que el exvicepresidente Jorge Glas sea un “preso político” e indicó que cumple condena por corrupción.
El eje central del conflicto se traslada a la vigilancia fronteriza, especialmente en zonas como Putumayo. Noboa puntualizó que la falta de coordinación con Colombia obligó a Quito a reforzar su asistencia militar. “Nos resulta muy difícil contener la violencia, cargamentos de droga y la presencia de guerrillas”, manifestó.
El presidente sostuvo que su país destina alrededor de 400 millones de dólares adicionales al año para sostener a las fuerzas armadas en la frontera. Según explicó, el retiro de tropas colombianas en áreas cercanas y el aumento de cultivos ilícitos complicaron el control territorial.
Asimismo, objetó la cooperación bilateral y aseguró que los tratados previos no se cumplieron. “Acá no hay más diálogo que tener. Es simplemente ‘se acuerda lo que ya se habló’”, declaró, lo que marca un quiebre en las conversaciones de ambos gobiernos.
El conflicto incluye acusaciones indirectas sobre vínculos con el crimen organizado. En este sentido, mencionó contactos políticos en Ecuador relacionados con estructuras criminales, en un contexto marcado por la actividad de grupos como Los Choneros y su líder alias Fito.
En paralelo a la crisis regional, el gobierno de Noboa enfrenta cuestionamientos por su postura frente a las expulsiones desde Estados Unidos. La Cancillería informó que más de 41.000 ecuatorianos fueron retornados entre 2023 y 2025, aunque negó que exista una política de deportaciones masivas.
Solo en 2025 se registraron más de 100 vuelos con miles de ciudadanos repatriados. Estas cifras generaron críticas de analistas y exfuncionarios, quienes consideran que la respuesta oficial minimiza el impacto de las medidas migratorias.
El tema migratorio se suma al complejo escenario diplomático, en el que Ecuador ha cerrado algunas misiones en el exterior y abierto nuevas embajadas, en medio de cuestionamientos sobre su política internacional.





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