El gobierno de Daniel Noboa extiende por 60 días el estado de excepción en medio de una creciente ola de violencia en Ecuador

El gobierno de Ecuador extendió por 60 días el estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país ante una grave conmoción interna provocada por la violencia del crimen organizado. La decisión fue oficializada mediante un decreto suscrito por el presidente Daniel Noboa, en un contexto marcado por el avance del narcotráfico y el incremento sostenido de delitos.

La medida alcanza a territorios clave como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, ubicados en la costa del Pacífico, ruta por donde transita cerca del 70% de la cocaína procedente de Colombia y Perú. También incluye Pichincha, cuya capital es Quito, además de otras jurisdicciones con altos niveles de conflictividad.

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Restricción de derechos y mayor margen para operativos

El decreto contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, lo que permite a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos inmediatos sin orden judicial en casos considerados urgentes. Asimismo, habilita la requisición temporal de bienes y servicios para reforzar las operaciones contra estructuras delictivas.

Según el documento oficial, la disposición busca mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes en un escenario donde la violencia ha superado las capacidades del Estado bajo condiciones normales. Las autoridades sostienen que, pese a algunas mejoras puntuales, el país aún enfrenta una situación de criminalidad persistente.

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Violencia en aumento pese a operativos recientes

La ampliación del estado de excepción se produce pocos días después de que finalizara un toque de queda en varias provincias, medida que, según el gobierno, contribuyó a reducir en un 28% las muertes violentas durante marzo. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la amenaza continúa siendo elevada.

Ecuador cerró 2025 con una tasa de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes y un total cercano a 9.000 asesinatos, cifras que lo ubican entre los países más violentos de la región. En los últimos años, bandas criminales vinculadas a carteles internacionales han expandido su influencia, intensificando la disputa por territorios estratégicos.

Estrategia de seguridad bajo cuestionamientos

Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha recurrido de forma reiterada a este tipo de medidas en el marco de su ofensiva contra el crimen organizado. En 2024, incluso declaró al país en conflicto armado interno para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.

No obstante, la estrategia ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó recientemente su preocupación por denuncias de presuntas desapariciones en el contexto de estas disposiciones y pidió al gobierno limitar su aplicación.