
Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de México aprobó una versión reducida del Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. La sesión estuvo marcada por tensiones políticas, negociaciones de última hora y un cambio decisivo en la iniciativa, que ya había sido rechazada a inicios de marzo por el Pleno de la Cámara de Diputados.
La versión archivada buscaba modificar la Constitución para recortar el financiamiento público de los partidos políticos, reducir el número de escaños en el Senado y limitar el tiempo de propaganda electoral en radio, televisión y otros medios. La iniciativa también planteaba modificar el modo de elección de senadores y diputados plurinominales.
Por todo ello, el Plan B de Sheinbaum se enfocó principalmente en recortar los cuantiosos recursos públicos que reciben los partidos políticos, reducir el tamaño de la burocracia electoral, fijar límites salariales para las autoridades electorales y reconfigurar la integración de los ayuntamientos.
La nueva medida establecerá un mayor control sobre el origen de los recursos en las campañas políticas, mediante convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para investigar aportes sospechosos.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que los ajustes buscan redirigir recursos públicos hacia programas sociales, educación y el sector salud. Añadió que los impuestos no deben destinarse al pago de seguros médicos o bonos especiales.
Conforme al artículo 135 constitucional, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y decidir si la medida será ratificada.
El Partido del Trabajo (PT) condicionó el respaldo al Plan B a que se eliminara la propuesta de ampliar el plazo en el que los candidatos pueden solicitar un referéndum de revocación de mandato presidencial. Este mecanismo se instauró durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
"¿Por qué no fue aprobada? Probablemente los partidos tenían temor a que, si la presidenta aparece en la boleta y no hace campaña por alguna agrupación política, algunos obtengan más votos que otros", explicó Sheinbaum.
En cambio, la senadora del PT Liz Sánchez indicó que elección y revocación son mecanismos distintos y con propósitos diferentes. "Si ambos procesos se mezclan en un mismo calendario electoral, se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático", sostuvo.
Asimismo, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, aseveró que la revocación de mandato es anticonstitucional y constituye un nuevo intento de debilitar la democracia.





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