
El Gobierno de Ecuador inició un operativo de gran escala con más de 75.000 policías y militares desplegados en cuatro provincias del país para combatir las organizaciones criminales. La medida, que incluye un toque de queda nocturno de 15 días, tiene como objetivo reducir la violencia y facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad en territorios clave afectados por el crimen organizado.
La restricción comenzó la noche del 15 de marzo y estará vigente entre las 11.00 p. m. y las 5.00 a. m. hora local en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicadas en la región costera de la nación. En las primeras horas de la acción, se realizaron más de 250 detenciones, principalmente por violación del límite de movilidad y otros delitos.
Además, durante la jornada inicial, las autoridades destruyeron tres depósitos de armamento, considerados objetivos estratégicos dentro de la ofensiva anticrimen. Cabe recordar que la implementación se dio bajo el Decreto Ejecutivo 329 firmado por el presidente Daniel Noboa.
Quito logró importantes avances, destacando la detención de un jefe de sicarios que operaba en varias zonas del territorio, según el ministro del Interior, John Reimberg. Asimismo, el Ministerio de Defensa, encabezado por Gian Carlo Loffredo, destacó la ejecución de acciones contra la minería ilegal.
En estos movimientos, las fuerzas del orden emplearon "artillería" para frenar esta actividad ilícita que afecta diversas regiones. La provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador, se convierte en un punto crítico en la lucha contra la explotación minera, debido a la disputa violenta entre las bandas de Los Lobos y los Sao Box.
Este departamento, que limita con Perú, es escenario de intensos enfrentamientos por el control de los recursos minerales, lo que ha incrementado la violencia y las actividades ilegales en la región.
Cabe indicar que el país sudamericano cuenta con una cifra histórica de 9.300 homicidios en 2025, según la administración, lo que marca el número más alto registrado en la historia. Este alarmante diagnóstico subraya la creciente violencia, principalmente vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato, que desborda el sistema de justicia.
En respuesta a esta crisis, Noboa declaró Quito en estado de “conflicto armado interno” en 2024, con el objetivo de intensificar la confrontación. El Gobierno ahora clasifica a los grupos criminales como organizaciones terroristas.





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