
Desde la invasión rusa a Ucrania —el 24 de febrero de 2022— la guerra continúa sin avances concretos hacia un alto al fuego. La ofensiva contra infraestructuras energéticas agrava la crisis humanitaria y, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), las bajas combinadas rusas y ucranianas podrían alcanzar los 1,8 millones y llegar a 2 millones hacia mediados de 2026.
Los habitantes de Kiev, Dnipro y Odesa enfrentan prolongados cortes de agua, calefacción, internet y electricidad, además de daños en instalaciones civiles tras recientes ataques con misiles y drones. En pleno invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -14 °C, según el Centro Hidrometeorológico Ucraniano, la administración de Volodímir Zelenski despliega trabajos de emergencia para restablecer servicios y reparar el sistema eléctrico.
Aunque el régimen de Vladímir Putin afirma que sus fuerzas solo atacan instalaciones militares, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores Andrii Sybiha denuncia que las operaciones afectan deliberadamente a la población civil.
En los últimos meses, Estados Unidos encabezó el respaldo internacional a Kiev con asistencia financiera y equipamiento estratégico, además de coordinar el apoyo de la OTAN y socios europeos. Sin embargo, tensiones internas en la Unión Europea (UE) reavivan el debate sobre la eficacia de la estrategia conjunta frente a Moscú.
En paralelo, Washington impulsa contactos diplomáticos. Se realizaron conversaciones trilaterales en Abu Dabi y Ginebra, centradas en cuestiones territoriales y de seguridad, aunque sin resultados definitivos. Kiev adelantó que podría celebrarse una nueva ronda esta semana y prevé otro intercambio de prisioneros de guerra, superior al último, cuando se devolvieron 157 detenidos por cada lado.
Amnistía Internacional sostiene que la invasión rusa desató una crisis humanitaria que vulnera los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas. El organismo advierte que el conflicto generó la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de personas desplazadas.
En declaraciones a La República, el profesor de ciencias políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, señaló que, pese a las múltiples rondas sin resultados concretos, la continuidad del diálogo evidencia que la diplomacia sigue activa, aunque el camino hacia un acuerdo de paz sea complejo y lento.
Para el analista internacional Ramiro Escobar, una eventual salida negociada implicaría un "alto costo político y territorial" para ambos bandos. Andrés Fernández Sanguza coincidió en que ninguno ha alcanzado sus objetivos estratégicos: Rusia busca consolidar su esfera de influencia y frenar la expansión de la OTAN, mientras Ucrania no quiere ceder territorio ni garantías de seguridad. En ese escenario, la diplomacia avanza, pero no altera los intereses estructurales de los Estados implicados.
La guerra también ha tenido repercusiones económicas y energéticas a escala global. La Unión Europea (UE) redujo su dependencia del gas ruso y diversificó proveedores, mientras que Estados Unidos y el bloque europeo impusieron sanciones financieras y comerciales contra Moscú.
Además, varios países europeos aumentaron sus presupuestos de defensa y mantienen el apoyo militar a Ucrania, en un giro estratégico que redefine la seguridad del continente.
Millones de personas permanecen desplazadas y amplias zonas de infraestructura siguen dañadas. Organismos internacionales estiman que la reconstrucción costará cientos de miles de millones de dólares y que la guerra ha alterado el comercio global.





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