
Ecuador y Colombia presentaron sus condiciones para poner fin a la guerra arancelaria que afectó el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre ambos países. Desde el 1 de febrero, impusieron sanciones mutuas del 30%, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara una gestión ineficaz en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.
La disputa se intensificó cuando el Gobierno de Petro les suspendió la venta de electricidad, lo que obligó a este último a elevar en un 900% la tarifa por su oleoducto. En la reunión celebrada en Quito, acordaron que la seguridad fronteriza es fundamental para combatir las redes criminales, especialmente en la zona de 600 km de la línea limítrofe, afectada por guerrillas y narcotraficantes.
La conversación fue presidida por las ministras de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld, y contó con la participación de altos funcionarios colombianos, incluidos el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y representantes de diversos ministerios y Ecopetrol.
Según la agencia AFP, aunque la administración colombiana solicitó la eliminación de las tarifas impuestas, la delegación ecuatoriana respondió que evaluará la solicitud en una fase posterior. Ante esta negativa, la Cancillería de Colombia anunció medidas legales por la omisión de acuerdos pactados hace décadas y presentó acciones.
En concreto, Bogotá expidió un decreto de aranceles en respuesta, justificándolo por razones de protección nacional, cuya firma había sido aplazada a la espera de tratos más inmediatos e interpondrá una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena, suscrito en 1969.
Durante la cita, el ministro de Defensa colombiano presentó resultados operacionales en las acciones contra el narcotráfico, especialmente en el combate al tráfico de cocaína, y enfatizó el aumento de efectivos en el linde para mejorar la efectividad. Asimismo, subrayó la importancia de la cooperación de las autoridades ecuatorianas para fortalecer la seguridad limítrofe y combatir el crimen transnacional.
Por su parte, Quito rechazó las declaraciones de la Cancillería, asegurando que no es correcto atribuirle la responsabilidad de los desacuerdos en el límite. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana afirmó que se intenta culpar al país "de este desacuerdo, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo" por parte de la otra administración.
El documento señaló que, durante la conversación bilateral, Colombia reconoció que "el problema radica en la falta de control fronterizo y en la no eliminación del cultivo de coca en su territorio" y revela que los representantes de la otra parte se comprometieron a tomar medidas para erradicar los cultivos de coca y combatir la minería ilegal.





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