
El expresidente Yoon Suk Yeol fue condenado a 5 años de prisión por obstrucción a la justicia, falsificación de documentos oficiales y otros delitos relacionados con el intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. El juez Baek Dae-hyun, del Tribunal del Distrito de Seúl, declaró culpable al exmandatario por impedir que fuera detenido por los investigadores y por excluir a los miembros del gabinete de una reunión sobre la aplicación de la medida extrema.
"A pesar de tener el deber, por encima de todos los demás, de defender la Constitución y observar el Estado de derecho como presidente, el acusado mostró, en cambio, una actitud que ignoraba la Constitución. La culpabilidad del acusado es extremadamente grave", declaró el magistrado. Este es el primer veredicto en una serie de juicios que enfrenta el exlíder conservador de 65 años desde aquel episodio que sacudió los cimientos institucionales de Corea del Sur.
De acuerdo con Dae-hyun, el expresidente Yeol abusó "de la enorme influencia" que tenía como mandatario para impedir la ejecución de "órdenes judiciales legítimas" y privatizar a "funcionarios públicos leales a la República de Corea". El exlíder, que se encuentra detenido en el Centro de Detención de Seúl tras ser arrestado en un segundo intento, alegó que impuso la ley marcial en 2024 para combatir las supuestas "actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras". Sin embargo, la Fiscalía surcoreana rechazó el argumento y aseveró que las pruebas evidencian un uso indebido del poder con fines políticos.
Además, el magistrado Dae-hyun condenó al expresidente por "militarizar" el Servicio de Seguridad Presidencial en la obstrucción del intento de arresto ocurrido el 3 de enero. Aparte de recibir 5 años de prisión, el exmandatario enfrenta juicios por cargos graves y una posible sentencia de muerte.
A este caso se añadió una acusación por colaborar con el enemigo y ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte con el objetivo de justificar la implementación del control militar. Sin embargo, la condena fue inferior a los 10 años solicitados por la Fiscalía de Corea del Sur. Los abogados de Yoon dijeron que el veredicto "difumina la frontera entre el ejercicio de la autoridad constitucional de un presidente y la responsabilidad penal". Tienen siete días para apelar la condena.
El verdadero golpe puede llegar el próximo 19 de febrero, cuando el Tribunal del Distrito de Seúl determine si Yoon cometió una insurrección y trató de subvertir el orden constitucional. Por este delito, la fiscalía solicitó la pena de muerte para el exlíder, quien había prohibido todas las actividades políticas, como protestas y acciones de partidos, al imponer la ley marcial en diciembre de 2024, según informó la agencia Yonhap. También vetó actos como "negar la democracia" o "intentar la subversión" y "manipular la opinión pública". Sin embargo, tuvo que levantar el decreto presidencial después de que los legisladores surcoreanos votaran unánimemente en contra de la medida.
Suk Yeol fue destituido del cargo presidencial en abril por el Tribunal Constitucional, al considerar que el decreto vulneró el orden democrático. "Conspiró con otros para crear condiciones que permitieran la declaración de la ley marcial. Aumentó el riesgo de una confrontación armada entre las dos Coreas y dañó los intereses militares nacionales", indicó la fiscal Park Ji-young. Como prueba, los fiscales presentaron un memorando redactado en octubre de 2024 por el entonces jefe de contrainteligencia militar. Ese documento instaba a "crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja". Incluso señalaba que las fuerzas armadas debían "apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan".
La última vez que un jefe de Estado surcoreano impuso la ley marcial fue en 1980, cuando se produjo un levantamiento social promovido por estudiantes y sindicalistas. Recién en 1988 el país pudo elegir a un presidente mediante elecciones libres y directas. Por ello, la medida de Suk Yeol provocó un enfrentamiento en el Congreso y generó protestas masivas. Los manifestantes portaban carteles y coreaban consignas en las que prometían no volver jamás a un régimen dictatorial.

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