
El gobierno de Nicaragua informó este sábado, mediante un comunicado, que liberó a decenas de personas, entre ellas, al menos 20 presos políticos que “permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes”. Esta excarcelación ocurre en el marco de un nuevo aniversario del gobierno de Daniel Ortega.
Familiares como madres, esposas y hermanos llegaron temprano a las inmediaciones del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Managua. En este centro se encontraban la mayoría de los 62 presos políticos confirmados por organismos de derechos humanos en el país.
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El anuncio de las excarcelaciones se produce luego de que se denunciara públicamente la detención de personas que, según les acusan, habrían celebrado la captura de Nicolás Maduro, y justo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que, tras el “paso importante” de Venezuela al liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua todavía hay “más de 60 personas” injustamente tras las rejas o desaparecidas.
Se pudo confirmar que entre quienes recuperaron su libertad están al menos siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico Rudy Palacios. En el último año, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha cancelado o limitado las visas de varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, como una estrategia de presión y contra la "violación de derechos humanos" en Nicaragua.
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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua también confirmó la salida de 20 presos políticos, aunque sigue revisando otros casos. Según la ONG que contabiliza la prisión por motivos políticos en el país centroamericano, estas personas “ya se encuentran fuera de los centros de detención y regresando a sus hogares, tras períodos de detención arbitraria que causaron un profundo impacto en ellas y en sus familias”.
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el gobierno sandinista organizó un acto oficial para la liberación, en el que funcionarios del gobierno presentaron el evento como un acto humanitario. Además, acompañaron a los prisioneros políticos y sus familias en un formato cuidadosamente organizado y controlado.
Después de que se conociera la caída de Maduro, el régimen nicaragüense guardó silencio por cerca de 14 horas antes de emitir tres comunicados oficiales. Luego, declaró un estado de máxima alerta: reforzó la vigilancia en los barrios, aumentó el control sobre las redes sociales y se reportaron decenas de detenciones de personas que habían festejado públicamente lo que describieron como el colapso del chavismo. En medio de estas liberaciones, el aparato represivo nicaragüense también se volvió más duro.
"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos", denunció Monitoreo Azul y Blanco. Las detenciones arbitrarias se concentraron en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur.

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