
La Fiscalía de Corea del Sur pidió este viernes 26 de septiembre una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, quien enfrenta una acusación por imponer en 2024 la ley marcial, conocida como estado de excepción. Esta facultad permite a las fuerzas militares reemplazar al gobierno civil y asumir el control de la población durante una emergencia.
Suk Yeol había prohibido todas las actividades políticas, como protestas y acciones de partidos políticos, según informó la Agencia de Noticias Yonhap. También vetó actos como "negar la democracia libre o intentar la subversión" y "manipular la opinión pública". Sin embargo, tuvo que levantar el decreto presidencial luego de que los legisladores surcoreanos votaran unánimemente para bloquear la medida.
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La solicitud de condena incluye cargos por obstrucción a la justicia. De acuerdo con las hipótesis de los fiscales surcoreanos, el expresidente excluyó a los miembros del gabinete de una reunión sobre la imposición de la ley marcial e intentó impedir ser detenido por los investigadores. A este proceso se sumó una acusación por colaborar con el enemigo y ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte con el objetivo de justificar la implementación del control militar.
"Conspiró con otros para crear condiciones que permitieran la declaración de la ley marcial de emergencia. Aumentó el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañó los intereses militares públicos", indicó la fiscal Park Ji-young. Como prueba, los fiscales presentaron un memorando redactado en octubre de 2024 por el entonces jefe de contrainteligencia militar. Ese documento instaba a "crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja". Incluso señalaba que las fuerzas armadas debían "apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan".
Suk Yeol fue destituido del cargo presidencial en abril por el Tribunal Constitucional, al considerar que el decreto vulneró el orden democrático. Desde entonces, el exmandatario enfrenta múltiples juicios por acciones vinculadas con la declaración de la ley marcial y por otros delitos conexos. Se estima que un tribunal de Seúl pueda dictar sentencia sobre el caso el próximo mes.
Durante las audiencias, el expresidente Yoon Suk Yeol afirmó que impuso la ley marcial en 2024 para combatir las supuestas "actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras". Pero la Fiscalía rechazó ese argumento y sostuvo que las pruebas evidencian un uso indebido del poder con fines políticos.
La última vez que un jefe de Estado surcoreano declaró la ley marcial fue en 1980, cuando se produjo un levantamiento social promovido por estudiantes y sindicalistas. Recién en 1988 el país pudo elegir a un presidente mediante elecciones libres y directas.
Por ello, la medida de Suk Yeol provocó un enfrentamiento en el Congreso y generó protestas masivas. Los manifestantes portaban carteles y coreaban consignas en las que prometían no volver jamás a un régimen dictatorial.

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